Dos de las presas más peligrosas del Miño no tienen plan de emergencia

El Bloque pide al Gobierno que obligue a Fenosa a cumplir la normativa vigente

 08:11  

M.V. - SANTIAGO

La seguridad en la multitud de embalses que jalonan los ríos gallegos sigue siendo una asignatura pendiente y a pesar de los protocolos de actuación que están obligados a aprobar sus titulares, son muchas las presas que llevan décadas sin adoptar medidas preventivas en caso de accidente. En la cuenca Miño-Sil, hay dos grandes embalses en esta situación: la presa Edrada-Mao, entre los concellos ourensanos de Parada de Sil y Montederramo, y el azud de Vil, también en Ourense. Ambos están catalogados como presas de tipo A, una clasificación que las define como las de mayor peligrosidad ya que en caso de que se produzca un incidente o fallen lo sistemas de contención, los daños podrían afectar gravemente a núcleos habitados o a servicios esenciales, así como ocasionar desperfectos materiales y medioambientales importantes.

Pese al potencial riesgo de estas infraestructuras, el Gobierno reconoce que ninguna de ellas cuenta aún con un plan de emergencia ante eventuales accidentes. Un real decreto de 2008 para reforzar el control sobre estas instalaciones, establece como obligatorio la clasificación de todas las presas, balsas y embalses de más de cinco metros o 100.000 metros cúbicos de capacidad, así como la aprobación de un plan de emergencias en el caso de las de categoría A o B. Unos 15 meses después de su entrada en vigor, con todo, el Ejecutivo socialista admite en una respuesta al BNG que de las 26 grandes presas ourensanas que están obligadas a implantar un protocolo de actuación ante emergencias, dos todavía no lo han presentado.

En el caso del embalse de Edrada-Mao la situación es incluso más grave, ya que tiene 30 años de antigüedad y una altura de 37 metros, motivo por el que el senador nacionalista Xosé Manuel Pérez Bouza exige al Gobierno que, “por responsabilidad, obligue a Fenosa a presentar e implantar” los obligatorios planes de emergencia.

La normativa vigente deja en manos de los propios titulares de las presas la responsabilidad de presentar estos protocolos de actuación, motivo por el que el Gobierno no ve “justificado” la adopción de “medidas excepcionales o de sanción” para forzar a Fenosa a cumplir con este trámite.

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