A finales del pasado mes de noviembre la actual Xunta promovió una iniciativa para reactivar el consumo familiar y hacer frente a la crisis, consistente en un seguro financiado con recursos públicos que se haría cargo del pago de las hipotecas en caso de que el trabajador perdiera su empleo este año. La medida se puso en marcha en enero y en los dos primeros meses de vigencia sólo 94 personas suscribieron esta modalidad de pagos protegidos. El número no parece gran cosa, pero desde la Consellería de Economía se asegura que la evolución es “positiva” y que la respuesta ciudadana está respondiendo a las expectativas.

La intención de la Xunta era avalar estas pólizas de seguro con una partida inicial de 10 millones de euros con lo que se esperaba movilizar unos 850 millones en créditos concedidos por las entidades financieras a las familias y que sirviera de estímulo para relanzar la economía. Con los 94 beneficiarios inscritos, la conselleira dirigida por José Ramón Fernández afirma que ya se han librado seis millones de euros, con lo que de mantenerse la proporción, los recursos disponibles sólo darían para avalar a otros 40 trabajadores más.

¿A quién se destina este producto? A los trabajadores con contratos indefinidos que en este año soliciten un crédito para la compra de una vivienda destinada a primera residencia o de un coche o para hacer reformas en el piso cuyo objetivo sea incrementar el ahorro energético.

Caixanova es una de las entidades que comercializa este seguro, si bien comenzó a gestionarlo desde el pasado 29 de enero. Aunque no ha podido aportar cifras concretas sobre el número de hipotecas concedidas en la modalidad de pagos protegidos avalados por la Xunta, sí tiene información sobre el destino de los créditos. Algo más de la mitad de los préstamos se han solicitado para la compra de un coche, mientras que el menor porcentaje se dedica a reformas orientadas al ahorro energético. El resto se emplearía en la adquisición de la primera vivienda.

Caixanova asegura que un número importante de solicitantes se ha quedado fuera de la iniciativa bien porque el objetivo de la inversión a financiar no se ajusta a las condiciones marcadas por el Gobierno gallego -sólo mejora del rendimiento energético- o porque se supera el importe máximo de la vivienda, que está fijado en 170.000 euros.

En todo caso, la caja de ahorros considera que el producto, a pesar de su reciente implantación, está registrando una “evolución positiva”.

La medida está diseñada para incentivar el consumo de las familias en vivienda y automóviles -dos sectores básicos de la economía gallega- y facilitar la concesión de créditos por parte de las entidades financieras, dado que el seguro asumirá parte de las cargas hipotecarias en caso que el trabajador pierda su empleo por la crisis. La póliza resulta totalmente gratis para el beneficiario, ya que es la Administración autonómica quien asume todos los costes.

Para la compra de la primera vivienda, el importe máximo amparado por el seguro es de 170.000 euros, mientras que para la adquisición de un coche o para las reformas interiores, no se pueden exceder los 30.000 euros. Además, el automóvil debe comprarse en un concesionario ubicado en Galicia.

Doce cuotas

Si cumplidos todos los requisitos el trabajador pierde su empleo, el seguro financiado por la Xunta se hará cargo de un máximo de doce cuotas, consecutivas o alternas, de los préstamos, con un importe máximo de 1.600 euros por mes en el caso de una hipoteca para la primera vivienda y de 1.000 euros para los créditos destinados a reformas en ahorro energético o a un automóvil.

En todo caso, la duración de la cobertura es de dos años, si bien los dos primeros meses desde la firma de la hipoteca carecen del soporte del seguro. Esto se traduce en que en el caso de que un beneficiario de la póliza pierda su empleo, las dos primeras cuotas corren a su cargo.

Otra de las características de esta póliza es que para beneficiarse de ella deben pasar un mínimo de seis meses entre los despidos si el trabajador vuelve a encontrar un empleo.

“Se da seguridad al comprador y se facilita la financiación por parte de las cajas y lo bancos. El problema es la pérdida de confianza y la restricción del consumo por las incertidumbres que crea la crisis. Si baja el consumo puede caer la producción y, por tanto, el empleo. Es un círculo vicioso”, aseguraba el conselleiro de Economía en la presentación del seguro de pagos protegidos.