El Seprona recibe decenas de denuncias por cepos ilegales en caballos salvajes

MÓNICA VÁZQUEZ - SANTIAGO La ola de incendios de 2006 despertó las conciencias de muchos ciudadanos y las denuncias de particulares relacionadas con la utilización de cepos en caballos salvajes se dispararon. Las llamas acabaron con la vida de numerosos animales que, con las trancas amarradas a sus patas para limitar sus movimientos, no pudieron escapar del fuego. Algunos de los caballos muertos llevaban identificación, lo que permitió a los agentes del Seprona tramitar por vía administrativa un buen número de denuncias, aunque en casi ningún caso se hallaron pruebas suficientes como para imputarle a sus dueños un delito penal. Fue un punto de inflexión y desde entonces, la Guardia Civil recibe por una u otra vía decenas de denuncias cada año relacionadas con esta forma de maltrato animal.

La localización de los propietarios de estos caballos, con todo, resulta cada vez más difícil. “De dos años a esta parte identificamos muchos menos animales”, explican fuentes del Seprona de Noia, que insisten en que el auténtico talón de aquiles de este tipo de investigaciones son las dificultades para localizar al dueño ya que, “de 100 caballos, sólo dos están identificados”.

Por eso, las denuncias de particulares y grupos ecologistas tienen muy pocas opciones de prosperar. De hecho, fuentes de la Guardia Civil aseguran que los últimos tres años en toda la provincia de A Coruña apenas cinco de las investigaciones acabaron con la identificación del responsable y una sanción económica por parte de la Consellería de Medio Rural.

La picaresca entre los ganaderos, de hecho, se ha intensificado. Tras las sanciones impuestas a raíz de los animales muertos en 2006, algunos propietarios dejaron de utilizar las trancas aunque otros lo que hicieron fue prescindir de métodos de identificación.

Aunque la mayoría de las investigaciones del Seprona relacionadas con las pexas suele acabar en punto muerto, en alguna ocasión se dan las circunstancias necesarias para que incluso se le pueda imputar a los responsables un delito por maltrato animal. Esto es lo que ocurrió el pasado domingo en A Pobra, donde agentes del Seprona detuvieron a cuatro ganaderos por poner supuestamente cepos ilegales a varios caballos salvajes del monte de A Curota.

La legislación gallega considera tanto la no identificación obligatoria de los animales como el maltrato infracciones graves e incluso en determinadas circunstancias muy graves. El régimen sancionador previsto en ambos casos oscila entre 3.000 euros y 1,2 millones, aunque hasta hace apenas unos meses lo cierto es que el sector del ganado mostrenco en Galicia ni siquiera estaba regulado.

Para cubrir este vacío y adaptarse a las exigencias de la UE respecto a las condiciones en las que debe vivir el ganado en libertad, la Xunta aprobó a finales de 2008 el decreto regulador del sector equino en Galicia, un documento que, por primera vez, establece como obligatoria la identificación de estos caballos, que deberán llevar un microchip así como una marca visual o una pulsera en las patas delanteras.

Antes de que termine el año, 35.535 caballos, tanto salvajes como criados en cautividad, deberán estar identificados. Para facilitar la adaptación, los veterinarios de la Consellería de Medio Rural ultiman el procedimiento, que todavía tardará unos meses aplicarse. Esta falta de regulación del sector era, precisamente, una de las eternas críticas que desde los grupos ecologistas y las propias comunidades de montes se le hacía a la Administración.