Hijos y nietos de emigrantes que no vivieron en Galicia no podrán votar en las municipales

El Consejo de Estado defiende el sufragio exterior en los comicios locales sólo si han residido en España y ratifica la complejidad de implantar las urnas en el extranjero

 
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R. PRIETO - A CORUÑA Los hijos y los nietos de emigrantes que nunca hayan estado en Galicia no podrán votar en las elecciones municipales. Y los propios emigrantes que voten en la localidad donde se han afincado tampoco. Esa propuesta sobre el voto emigrante ya está sobre la mesa de la subcomisión del Congreso de la reforma electoral. En un informe encargado por el Gobierno central, el Consejo de Estado avala la tesis en la que ya trabajaba el Gobierno de Zapatero en la pasada legislatura: establecer restricciones a los españoles residentes en el exterior y a sus descendientes en los comicios locales.

¿Es lógico que alguien que nunca ha estado en un municipio decida el gobierno? La pregunta tiene una respuesta por parte del Consejo de Estado. Para este órgano asesor, resulta “cuando menos, discutible” que los emigrantes puedan votar en los comicios locales y por ello propone abrir un “debate sosegado sobre la posibilidad de revertir esta decisión”. La aprobación de esta propuesta dejaría fuera de los comicios locales a 1,2 millones de emigrantes españoles –335.000 de ellos de origen gallego– inscritos actualmente en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA).

Sin embargo, el Consejo de Estado admite las “dificultades” que supondría cambiar el régimen electoral vigente, que permite a los emigrantes españoles votar en todas las convocatorias electorales. “No tiene la misma trascendencia la renuncia a reconocer el derecho de sufragio de los emigrantes en las elecciones locales (como ha sucedido en otros países) que la puesta en marcha de una reforma legal para derogar este derecho ya reconocido”, se recoge en el informe del órgano consultivo. Por este motivo, propone establecer la “exigencia” de una “vinculación efectiva” con el municipio español donde está inscrito, “plasmada en que no haya transcurrido un periodo de tiempo determinado desde que lo abandonó”.

Esta solución, según recoge, excluiría del derecho de sufragio municipal a los españoles nacidos fuera del territorio nacional que “no hubieran residido nunca en él”. Como referencia, propone tomar el plazo de residencia que se exige a los ciudadanos extranjeros para acceder al sufragio en las elecciones municipales. Ese periodo podría ser de en torno a cinco años de forma general y reducirse a dos para los iberoamericanos.

Pero a los emigrantes gallegos en el exterior, le podría pasar como a los afincados en otras comunidades autónomas. Sólo pueden votar en las municipales de la localidad en la que residen. El Consejo de Estado defiende que los españoles residentes en el exterior que votan en las locales del país al que emigraron no puedan participar en las del municipio español de origen.

Urnas

La complejidad alegada por el Gobierno para poner en marcha el voto en urna en las recientes elecciones gallegas ha sido ratificada por el Consejo de Estado. Su aplicación implicaría que en cada demarcación consular de los 168 países en los que viven españoles hubiera 52 urnas para las elecciones al Congreso y otras 59 para las del Senado, con millones de papeletas de las candidaturas y sobres. “Exigiría una logística desmesurada que empeoraría de existir más de una mesa electoral”, concluye el informe del órgano asesor. Un problema de infraestructura que se evitaría con la creación de una circunscripción electoral propia para la diáspora en el Congreso para convertir en escaños los votos del exterior, pero este modelo electoral exigiría una reforma de la Constitución, para la cual es necesario el consenso parlamentario y obliga a la disolución de las Cortes. Este requisito retrasaría esta posible reforma constitucional al final de la legislatura (2012).

“Esta circunscripción especial permite salvar los principales escollos para la implantación de un procedimiento de voto en urna en el exterior”, apunta el informe del Consejo de Estado.

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