La pertenencia al PSOE, al menos esta fase de la negociación, no es sinónimo de apoyo directo al modelo de financiación autonómica propuesto por el Gobierno, lo mismo que ser del PP tampoco implica un rechazo rotundo. De momento parece que cada gobierno autónomo mira más los intereses de sus respectivas regiones que las siglas del partido. Esto hace posible que comunidades socialistas como Extremadura y Asturias encuentren muchas dudas en la propuesta o que la Generalitat de Cataluña advierta ya que el acuerdo, en las actuales condiciones, es imposible, y que autonomías del PP, como Valencia, valoren el esfuerzo realizado por el Ejecutivo de Zapatero.

En términos generales el modelo han encontrado tres frentes. El de las comunidades que con más o menos reservas los apoya, como Galicia, Aragón, Castilla-La Mancha, Cantabria, Andalucía o Cantabria; el de quienes lo rechazan abiertamente, como Cataluña o Castilla y León, y el de quienes se mueven entre estas dos posturas por ver planteamientos acertados pero otros incorrectos, como Extremadura, Asturias o Valencia.

Pero hay algo común a todos los gobiernos regionales, y es que valoran el aumento de la autonomía fiscal, pero echan en falta las cifras concretas del modelo de financiación que permitan hacer las cuentas y saber con exactitud el dinero que corresponde a cada uno. Pedro Solbes no aportó los porcentajes que marcarán el reparto, sino sólo los criterios generales.

Con lo explicado ayer por el ministro de Economía, el presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces, admitió que hay avances en la propuesta, como incorporar el criterio del envejecimiento, pero no llega. "Aunque el texto recoge las cuestiones que planteamos, es necesario tener un mayor grado de concreción que permita dar la aprobación a la reforma del modelo", advirtió el Areces.

Un pelín más crítico fue el presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara. "Hay cosas que me gustan más, otras menos y otras nada", dijo, sobre todo por la terminología empleada para referirse al "esfuerzo fiscal".

Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares urgen especialmente que el nuevo sistema de financiación actualice el criterio de población, puesto que éstas han visto aumentado notablemente su número de habitantes en los últimos años, mientras que el actual sistema tiene en cuenta las cifras a fecha de 2001, cuando se acordó el modelo vigente.

La Junta de Andalucía manifestó su apoyo claro al modelo por "ser fiel" con las demandas de la comunidad, la igual que Aragón y Castilla-La Mancha.

El Gobierno de Canarias optó por guardarse su valoración hasta cerrar el nuevo sistema y el de Murcia reprendió a Zapatero por no haber recibido a todos los presidentes autonómicos antes de presentar el modelo.