El fiscal jefe exige una policía especializada para investigar los delitos urbanísticos

Carlos Varela reprocha a los concellos que debilitasen la figura de secretarios e interventores para evitar dictámenes desfavorables a sus proyectos e insta a la Xunta a reforzar el papel de la Axencia Urbanística

 
Un trabajador carga ladrillos para trasladarlos a una obra.
Un trabajador carga ladrillos para trasladarlos a una obra.  FDV

R. PRIETO / A CORUÑA La Fiscalía quiere evitar que el efecto Marbella se extienda a Galicia. Por este motivo, en la agenda de prioridades del fiscal superior, Carlos Varela, está la lucha contra la corrupción urbanística. Con el objetivo de reforzar la investigación de los delitos contra el territorio, la Fiscalía gallega ya ha reclamado al Gobierno central, a través del secretario de Estado de Interior, la creación de una policía especializada para los casos de urbanismo, medio ambiente y patrimonio. "Si conseguimos un Seprona autonómico, bien reforzado y dotado de medios personales y materiales que se dedique a esas tres áreas, la respuesta de la Fiscalía será más eficaz", asegura Varela.
Pero en su labor contra la corrupción urbanística, el fiscal superior de Galicia también quiere implicar a los ayuntamientos y a la propia Xunta. Una de las causas que, según advierte, explica "no pocos casos de impunidad urbanística" está en el debilitamiento de las competencias de control municipal. El fiscal jefe alerta de que secretarios, interventores y tesoreros municipales deben jugar un papel clave en el control interno de la gestión urbanística, a través de sus funciones de fiscalización de la legalidad de las actuaciones municipales. Pero su papel es cada vez menor y los casos de corrupción urbanística van a más.
El fiscal superior advierte a Interior de que las unidades policiales en Galicia están "desbordadas" en las investigaciones urbanísticas. "Si el dictamen del secretario municipal fuese vinculante y advirtiese de una ilegalidad, el Ayuntamiento no podría buscar un dictamen a medida a través de un asesoramiento externo", argumenta Carlos Varela, al tiempo que denuncia que "muchas veces, los comportamientos corruptos no son detectados porque la Administración local no ha reforzado sus sistemas de control".
Sobre la actuación de la Administración autonómica, el fiscal superior insta a reforzar los mecanismos de control a través de la Axencia de Protección da Legalidad Urbanística, creada a finales del 2007 por la Consellería de Política Territorial con el objetivo de evitar irregularidades y distorsiones en los usos sociales del suelo.
Pero la cifras hablan por sí solas. En 2007, el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil detectó en Galicia 560 infracciones urbanísticas. Unos datos que la convirtieron en la cuarta comunidad, sólo por detrás de Andalucía (1.775), Canarias (1.258) y Castilla-La Mancha (604), con más actuaciones policiales contra supuestas vulneraciones de normativas urbanísticas. Ante esta situación, el fiscal superior advierte de la necesidad de reforzar las unidades policiales que investigan delitos urbanísticos, ya que -afirma- están "desbordadas" por el aumento de denuncias en este ámbito.
"Para evitar que las investigaciones se demoren y para que la Fiscalía pueda cumplir su papel, necesitamos un refuerzo en las unidades de investigación", reclama Varela, al tiempo que asegura que "la mejor forma" sería la "constitución" de un "Seprona autonómico" que trabaje para la Fiscalía. "Siempre que demos una respuesta especializada, daremos una respuesta jurídica de mejor calidad. Así mejoraremos nuestros mecanismos de investigación y atajaremos los comportamientos prohibidos antes de que vayan a más", sentencia.
El mensaje, según asegura, no va dirigido a nadie en concreto, sino a "todos los que cometan infracciones urbanísticas". "La Fiscalía analiza hechos y si estos tienen potencialidad penal los abordamos -añade- con independencia de la organización política o el estrato social del infractor".
Su objetivo es "evitar" que estos comportamientos corruptos se produzcan y no llegar al "grado de deterioro" que se ha dado ya en otras comunidades autónomas. "Quien tenga alguna tentación, que sepa que la Fiscalía va a estar muy vigilante", advierte el fiscal superior de Galicia.

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