Altos cargos y técnicos de la Sociedad Galega de Medio Ambiente (Sogama) presentaron el pasado 12 de noviembre una denuncia ante la Consellería de Economía e Facenda por las presuntas irregularidades cometidas en la adjudicación de contratos por parte de la sociedad pública que gestiona el tratamiento de residuos en la comunidad autónoma. El importe de los contratos denunciados asciende a unos veinte millones de euros.

La denuncia, a la que ha tenido acceso este periódico, recoge también que desde la designación, en septiembre del año 2005, de José Álvarez Díaz como presidente de la empresa pública gallega se ha fomentado la "descordinación" entre los departamento que componen la sociedad. "Prescindiendo del equipo profesional, de tal modo que, en los tres últimos años, no se ha realizado ni una sola reunión de coordinación", según queda recogido en el texto.

Los conflictos derivados de esta situación irregular han desembocado en el cese de dos de los consejeros delegados en los últimos tres años -la última salida se _produjo a finales de octubre pasado-, en la apertura de varios expedientes sancionadores incoados por la inspección de trabajo, así como diversas bajas laborales.

Pero estas no son las únicas irregularidades. Los trabajadores de Sogama critican que su labor es "ignorada o no consultada" por el presidente de la empresa, lo que ha permitido la realización de lo que entienden que constituyen "irregularidades" económicas.

Entre las presuntas anomalías cometidas por José Álvarez Díaz, siempre según los altos cargos y técnicos, destaca la adjudicación de la basura procedentes de la planta de tratamiento de residuos de Nostián, en A Coruña, que en la práctica han reportado a la subcontrata de capital privado Danigal una facturación de más de cuatro millones de euros.

Las irregularidades en la planta de tratamiento de residuos de Sogama se remontan a marzo del año pasado. Ese mes el consejo de administración de la empresa avisó de los problemas de capacidad de sus instalaciones en el municipio coruñés de Cerceda, en donde se tratan unas 500.000 toneladas de basura anuales. Debido a la incapacidad "evidente" para procesar los desechos, el consejo de administración de Sogama decidió no incrementar la recepción de más residuos.

A pesar de la decisión tomada por el órgano de dirección de la empresa pública, sólo cuatro meses más tarde, en julio de 2007, el presidente de Sogama suscribió un contrato con la compañía gestora de las instalaciones de la planta coruñesa de Nostián por el que asumía los llamados "rechazos" _derivados del tratamiento de esta instalación.

Es decir, José Álvarez se comprometía a que Sogama tratase mayor volumen de deshechos, lo que se traducía en una aportación adicional de unas 8.000 toneladas mensuales de basura. Y_todo ello a pesar de que, según había avisado el consejo de administración, la capacidad operativa de Sogama ya se encontraba sobrepasada.

Una vez que José Álvarez formalizó, vía fax, el contrato por el cual los excedentes residuales de Nostián debían ser tratados en el vertedero de Areosa de Sogama _-cuya gestión está encomendada a su vez a Danigal- esta firma privada emite un informe dirigido a la sociedad pública en el que se recoge que "la situación actual del vertedero [de Sogama] no hacen aconsejable incrementar el número de toneladas de residuos que se gestionan en la instalación".

Y es en ese preciso momento cuando Danigal se ofrece a realizar el tratamiento de los excedentes de residuos de Nostián en su propio vertedero, que están ubicados cerca de Areosa.

Los beneficios logrados con la operación no son nada desdeñables, habida cuenta de que el precio por cada tonelada de residuos gestionada por Danigal en sus propias instalaciones duplica el que la subcontrata cobra por la gestión de esos mismos residuos cuando los trata en el vertedero cuya titularidad ostenta Sogama.

Días después de recibir esta propuesta de Danigal, José Álvarez la acepta. Todo ello sin solicitar informe ninguno al equipo técnico de Sogama, según se plasma en la denuncia. Tampoco se convocó ningún concurso público .

De este modo, José Álvarez no sólo pasó por alto la advertencia que el consejo de administración de la empresa que preside había hecho con respecto a la incapacidad para tratar más residuos, sino que también obvia que la beneficiaria Danigal se había comprometido en su contrato a tratar los excedentes en las instalaciones propiedad de Sogama.

El visto bueno del presidente a la operación, que en un primer momento iba a ser una "solución transitoria" continúa en vigor y ha supuesto suculentos ingresos para la subcontrata Danigal, que sólo en el último año ha facturado más de cuatro millones por este concepto. "Esta prestación de servicios continuados debería haberse sometido a la ley 14/2006 de los presupuestos de de Galicia para 2007, según la cual, para los contratos de cuantía superior a tres millones, se exige la autorización previa del Consello de la Xunta", recoge finalmente la denuncia.