El PP fue ayer el único partido que no vio del todo claro que la moción de censura de Mos (Pontevedra) salió adelante en una operación de transfuguismo político. Su postura, mantenida en solitario, impidió que la comisión de seguimiento del Pacto Antitransfuguismo condenara la iniciativa municipal que, apoyándose en un edil disidente del PSOE, arrebató la alcaldía a la socialista María Jesusa Escudero para dársela a la popular Nidia Arévalo.
La comisión de seguimiento, presidida por la ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado, reunió ayer en Madrid a representantes de todos los partidos que firmaron el Pacto Antitransfuguismo para analizar la moción de censura de Mos y de otros municipios españoles. Tanto el PSOE como el BNG defendieron que en el ayuntamiento pontevedrés se registró una maniobra de transfuguismo, al saltarse la disciplina de partido el socialista Gerardo Alonso Porto y, rompiendo el pacto de gobierno entre el PSdeG y el Bloque, promover una moción de censura con los ocho ediles del PP que hizo cambiar de manos la alcaldía.
Todos los asistentes a la reunión, salvo el representante del Partido Popular, asumieron los argumentos enunciados por el PSOE y el Bloque. Pero la condena de la moción de censura no pudo aprobarse porque basta que un partido esté en desacuerdo, porque las decisiones tienen que tomarse por unanimidad. En el momento en que se produzca una discrepancia, el caso debe ser analizado por un comité de expertos independientes que en el plazo de tres meses debe emitir un dictamen.
Argumentos
La explicación dada por el PP, según fuentes presenciales de las deliberaciones, es que en el caso de Mos la moción de censura es muy reciente, que el propio partido ha abierto un expediente disciplinario a los concejales y que resulta muy complejo porque en el ayuntamiento se estaba registrando una situación de inestabilidad política.
El PP también esgrimió que su formación ganó la elecciones, que por pocos votos no logró la mayoría absoluta y que además no está muy claro que el partido resultara el beneficiario de la moción de censura.
El presidente del Comité de Derechos y Garantías del PPdeG, Celso Delgado, -que no asistió a la reunión pero fue el encargado de elevar el caso al Pacto Antitransfuguismo- aseguró que la moción de censura de Mos es "un asunto de cierta complejidad" y que por eso se ha solicitado el pronunciamiento del comité de expertos. "Esto pasa en algunos casos. No es una excepción", comentó en conversación telefónica.
Pese a la postura que el PP mantuvo en la comisión del Pacto Antitransfuguismo, impidiendo su condena, Celso Delgado sostiene que su partido tiene una "postura clara" y que la operación de los concejales populares de Mos no cuenta con la autorización de la dirección gallega del partido. "Nuestra posición no varía. Lo que pasa simplemente es que ahora toca pronunciarse a un comité de expertos", declaró Delgado.
La comisión de seguimiento del Pacto Antitransfuguismo reúne semestralmente a los partidos que suscribieron el acuerdo en 1998 para determinar los casos de concejales tránsfugas contra los cuales las directivas direcciones de los partidos deben adoptar medidas disciplinarias. Entre los firmantes figuran PP, PSOE, Bloque, PNV, IC, ERC, CiU, Partido Andalucista, Coalición Canaria o UPN.
