El Parlamento gallego dio también ayer el visto bueno,además de a los presupuestos, a la nueva Lei de Vivenda,que fue ratificada por los socios del bipartito, y rechazada por el PPdeG. El objetivo de esta ley es, según explicó la conselleira de Vivenda, Teresa Táboas, “hacer efectivo” el derecho a la vivienda, a través de la compra o el alquiler.

Para ello,esta norma“vanguardista” y “de marcado carácter social” recoge por primera vez con rango de ley las políticas de fomento de creación de vivienda nueva, de rehabilitación y de alquiler. Precisamente, en el caso de que el inmueble no cumpla las condiciones de habitabilidad, la Administración se reserva el derecho de actuar ante la inactividad municipal.

De este modo, la Xunta podría hacerse cargo de toda la rehabilitación, a cambio del cese temporal del domicilio para alquiler subvencionado.

Estas medidas provocaron las críticas de la oposición, que denunció que la normativa“abre la puerta a la ocupación temporal de los inmuebles y a la expropiación, sin suficientes garantías jurídicas para los ciudadanos”.

Así,la diputada popular Pilar Rojo estimó que el 80 por ciento de las viviendas gallegas vacías quedarían en condición de poder ser exp r o p i a d a s .

Además, criticó que “no haya plazo” para el desarrollo reglamentario de la ley. Por su parte, desde el BNG apoyaron el intervencionismo público con el fin de que se pueda actuar sobre el patrimonio histórico“antes de que acabe en ruinas”. Mientras, los socialistas valoraron la “vocación de cambio profundo” de la nueva ley, que atiende a demandas“no satisfechas”.

Entre otras medidas, la nueva Lei deVivenda permite a los ciudadanos poder consultar la solvencia económica financiera y técnica de los promotores en un registro, además de poder conocer cualquier resolución o sanción que pese sobre las entidades destinadas a este servicio.

También establece la creación de un parque de viviendas protegidas “estable y suficiente”.Además, el texto prevé programas de ayuda para la actualización de la renta antigua hasta los niveles de mercado. Por otra parte, facilita la creación de un sistema de arbitraje entre propietarios e inquilinos.