Desamparados, desprotegidos y desesperados. Así se sienten muchos de los docentes que deciden acudir al teléfono del Defensor del Profesor, una iniciativa de atención inmediata puesta en marcha por el sindicato ANPE hace tres años. No obstante, la problemática no termina ahí. Desde el sindicato denuncian que uno de cada tres docentes gallegos que acuden a este servicio temen ser identificados, por lo que deciden efectuar la llamada a Madrid y no al organismo que funciona en su propia comunidad autónoma.

Este año desde Galicia llamaron un total de 128 profesionales de la enseñanza, de los que 86 decidieron acudir al defensor autonómico, mientras que 42 optaron por llamar a Madrid. El Defensor del Profesor comenzó a funcionar el pasado 2005 y, desde ese momento, casi 500 docentes pidieron ayuda a este servicio.

Los motivos de las llamadas son muchos, pero María José Brey, de Anpe Galicia, destaca que los profesores se ven totalmente desamparados por la ley e, incluso, por sus equipos directivos. Y, además, "no tienen con quien hablar". En concreto, la mayor parte de las llamadas recibidas (el 30 por ciento) fueron causadas por problemas de disciplina a la hora de dar clase. Otra situación muy frecuente es el miedo de los profesores a posibles denuncias de los padres, que copan el 16 por ciento de los casos. El tercer lugar lo ocupa la falta de apoyo de la Administración (15 por ciento) y los daños causados a propiedades o pertenencias (9 por ciento), que son, según ANPE, muy difíciles de demostrar.

Por provincias, A Coruña fue la que más acudió a este servicio_(37 por ciento), seguida de Pontevedra (24 por ciento), Lugo (21 por ciento) y Ourense (18 por ciento).

Desde el sindicato apuntan a que estas peticiones de ayuda no son sólo una estadística, sino que detrás se encuentran casos reales, en los que, a veces, se llegan a solapar varias problemáticas distintas.

Por ejemplo, uno de los afectados denunció acoso de varios alumnos, cercanos a la mayoría de edad, que actuaban también fuera del recinto escolar. La gravedad de estos hechos reside en que el profesor, a menudo, no los puede demostrar, explicó Brey. Además, otra problemática común en los centros es la presión, incluso dentro de los mismos, para que los profesionales de más edad se acojan a la fórmula de la prejubilación.