La Consellería de Presidencia prepara una reforma en profundidad del modelo de funcionariado que culminará con la aprobación de una nueva Lei de Función Pública que estará lista a finales de 2009. El primer paso que ha dado la Xunta ha sido encargar a un grupo de quince expertos que elaboren un diagnóstico sobre la situación actual y planteen sus propuestas. Una de las principales novedades que estos asesores plantean es rebajar de 18 a 16 años la edad mínima para presentarse a una oposición y conseguir plaza de funcionario. Además consideran adecuado que los extranjeros, sean o no comunitarios, puedan acceder a las plazas convocadas por el sistema público de salud para paliar así el déficit de médicos y personal sanitario que sufre la comunidad gallega.

Hasta ahora se requería la nacionalidad española para poder presentarse a unas oposiciones y sólo, en algunos casos, se permitía la entrada de personas de otros países siempre que estos estuviesen dentro de la UE. Los quince expertos consultados por Presidencia consideran que debe hacerse una excepción a esta regla en la nueva ley "en atención a las especiales circunstancias que concurren en el ámbito sanitario motivadas por el déficit de facultativos".

El conselleiro de Presidencia, José Luis Méndez Romeu, explicó ayer que estas propuestas son la "opinión" de un grupo de especialistas en relación con la función pública, pero aclaró que serán la base para discutir la nueva lei que prepara su departamento. Entre los asesores consultados por la Xunta están desde altos cargos de la Xunta, catedráticos de la universidad,directivos empresariales y representantes de la justicia y la administración local.

De hecho, Romeu destacó como una de las novedades del documento que los funcionarios municipales estén regulados por una ley autonómica.

Aunque se rebaja la edad para poder ser funcionario, los expertos reclaman que se pongan límites en la edad de los aspirantes a determinados puestos y que deberán variar según la categoría profesional.

La regulación de los altos cargos también sufrirá cambios. El documento propone profesionalizar al personal directivo, es decir, los empleados que accedan a puestos de responsabilidad deberán tener formación específica. Además, se propone que como mínimo el 10 por ciento de sus retribuciones dependan del cumplimiento de objetivos.