Catástrofes como la ola de incendios de agosto de hace dos años y las inundaciones que se produjeron en octubre de ese mismo de año no volverán a pillar desprevenida a la Xunta a la hora de articular las medidas de apoyo económico. El Gobierno autonómico quiere tener todos los instrumentos a punto para que, en caso de que una situación de similares características, la reparación de los daños sea más rápida y ordenada. En 2006, hubo que aprobar decretos de medidas urgentes para ofrecer ayuda a los damnificados. Pero no había ninguna normativa que unificara y regulara las medidas de rehabilitación. Por ello, la Consellería de Presidencia está trabajando en un decreto, que todavía es proyecto, que se ocupará de regular las "subvenciones derivadas de situaciones de emergencia o catástrofe".

La nueva normativa es imprescindible "porque faltaba regulación" y porque "cubre una laguna", reconoció el secretario xeral de la Consellería, Santiago Roura. Y necesaria porque la misma Ley de Emergencias prevé que el Gobierno establezca un marco para ordenar las restauraciones tras los catástrofes.

Roura explicó que, en caso de una situación de emergencia, este "paraguas normativo" se activará, pero no regulará directamente las subvenciones, sino que serán después las Consellerías correspondientes las que las desarrollen. En todo caso, se establece un plazo máximo de seis meses para resolver las subvenciones.

En este sentido, el decreto establece que las ayudas deben atender, entre otros, los daños personales, en viviendas, en explotaciones ganaderas y marisqueras, en infraestructuras y en entidades locales que incurran en gastos extraordinarios. En función de los daños, la responsabilidad recaería en uno u otro departamento. Por ejemplo, los perjuicios personales correrían a cargo de Economía y los causados en explotaciones agrícolas corresponderían a Medio Rural. Mientras, las reparaciones en los ayuntamientos requerirán la implicación de los respectivos departamentos según la clase de la que sea el perjuicio.

El secretario xeral de Presidencia explicó que esta normativa se hace con la "idea de nunca utilizarla", pero incidió en que experiencias como la ola de incendios demuestran que hay que estar preparados. Así, el paso de la regulación ya está dado, porque el mecanismo permanecerá de una "forma latente" hasta que haya que ponerlo a funcionar. Y para ello será necesario, según el proyecto, un informe de la Axencia Galega de Emerxencias y que el presidente de la Xunta, mediante decreto, declare que hay que hacer frente a las necesidades causadas por la catástrofe.