Las acciones contra Audasa por el colapso registrado el pasado martes en la AP-9 continúan. El Instituto Galego de Consumo, dependiente de la Consellería de Innovación, ha abierto un expediente para comprobar si la empresa concesionaria con su respuesta ante el caos, en el que se vieron implicados varios miles de vehículos como consecuencia de dos colisiones en cadena, puso en riesgo la seguridad de los conductores. El primer paso ha sido reclamar a Audasa todos los informes de que disponga en su poder sobre el atasco y los accidentes para evaluar si su comportamiento fue el correcto o merecedor de una sanción.

Fuentes de Innovación explicaron que la apertura del expediente se ha realizado de oficio y que se trata de un procedimiento habitual cuando existe la sospecha de que se han vulnerado los derechos de los consumidores. Aseguraron también que detrás de la iniciativa no existen reclamaciones presentadas por los usuarios, sino que se trata de una decisión promovida directamente por el Instituto Galego de Consumo "ante unos hechos que pueden inducir que existió un comportamiento que no es el que cabría esperar".

La tramitación del expediente puede durar varios días o semanas, ya que depende de la documentación que haya que estudiar. Lo que pretende la Xunta es dilucidar si se cometió alguna infracción de la normativa vigente y, en concreto, determinar si Audasa garantizó en todo momento los derechos de información y de seguridad de los usuarios durante las horas que duró el colapso.

El caos se produjo por dos accidentes en cadena en el tramo entre Santiago y A_Coruña, a la altura de Ordes, en el que se vieron implicados 48 coches y camiones. En ambos siniestros, uno en cada sentido de la circulación y apenas separados por media hora de tiempo, la causa fue la caía de una granizada que, sobre una calzada que ya tenía placas de hielo, hizo del asfalto una pista de patinaje.

Como consecuencia de la montonera de vehículos, la autopista permaneció cerrada al tráfico más de cinco horas y miles de viajeros se vieron atrapados en el atasco, ya que los accidentes se produjeron entre a las siete y la ocho de la mañana, cuando más transitada está es vía comunicación.

El corte de la AP-9 provocó que los automovilistas fueran desviados en masa por la carretera nacional, que no está preparada para soportar tanto tráfico, y por eso los conductores padecieron también retenciones kilométricas durante horas.

En todo momento, la concesionaria de la AP-9 defendió la corrección de su actuación, tanto por los cuidados de la calzada, al echar sal a las cinco de la mañana para evitar la formación de placas de hielo, como por su respuesta al producirse los siniestros, con la movilización de todo el personal disponible, el despliegue de todos los paneles para informar a los conductores, el levantamiento de las barreras para no cobrar el peaje y el cierre de la vía para evitar que se convirtiera en una ratonera.

Sin embargo, las críticas a su gestión fueron generalizadas y contundentes. El Ministerio de Fomento, titular de la autopista, abrió una investigación sobre la actuación de Audasa, la Consellería de Política Territorial remitió una queja formal al Gobierno central por la lentitud de la respuesta de la empresa y su falta de previsión, y el vicepresidente de la Xunta, el nacionalista Anxo Quintana, llegó a considerar que como algo lógico que los gallegos pensaran en dejar de pagar el peaje en vista del deficiente servicio prestado por la concesionaria.

El titular de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, también censuró el papel de Audasa por considerar que falló en su capacidad de respuesta y en el cumplimiento de los compromisos contractuales que tiene como concesionaria de la autopista.