Al grupo Marbar le queda todavía un larguísimo camino para recuperar cierta normalidad. La que puede tener una compañía ahogada por las deudas, de 36 millones de euros, y un dueño con una orden internacional de busca y captura. La radiografía de las cuentas elaborada por los administradores judiciales encargados de tan difícil tarea desvela un agujero patrimonial de más de seis millones de euros que complicará el cobro a una buena parte de los 329 acreedores que se han personado en el proceso concursal. Muchos han optado por presentar una demanda incidental. Por impugnar el informe económico. Los hay que están en desacuerdo con la cantidad que figura como deuda, los que creen que deberían ser prioritarios a la hora de cobrar, los que sostienen que las propiedades de la compañía no están bien valoradas? El resultado, una avalancha de impugnaciones que dilatará más los plazos para empezar a ajustar la enclenque caja que dejó Manuel Martínez Barros hace casi ya un año. El tiempo que lleva desaparecido.

Como cualquier otro tipo de demanda, los administradores concursales tendrán ahora que argumentar que su análisis de la situación que atraviesa Marbar es correcto. De las cuatro sociedades intervenidas, la que mayor pasivo acumula es Edificaciones Marbar -con la que se impulsaron la inmensa mayoría de las construcciones de la compañía-, más de 30,5 millones de euros, frente a un activo de 25,78 millones. Las propiedades de las otras tres empresas (Promociones Marbar 04, Granitos Tebra y Granite 99) suman, según las estimaciones del informe adelantado ayer por FARO, otros cuatro millones de euros, mientras que el endeudamiento asciende a seis millones largos. "En el proceso -señala uno de los abogados de los acreedores- se abre ahora un paréntesis hasta que los administradores resuelvan". Y nadie es capaz de establecer una fecha para llegar al documento definitivo que permita ponerse a equilibrar bienes con y pagos pendientes.

"Nosotros creemos que realmente la cuantía de la deuda es mayor y también es más elevado el importe de todos los bienes, que no están en absoluto bien reflejados. Incluso puede faltar alguna propiedad", asegura Serafín Fernández, de la CIG, representante de los trabajadores. Como ejemplo pone las cantidades pendientes con la plantilla. Los despidos anunciados por Martínez Barros a través de una carta a la plantilla el pasado 21 de enero fueron anulados por el juzgado de lo Social número 2 de Vigo, que establece para ellos indemnizaciones de entre 1.000 y 30.000 euros. "Las deudas que aparecen en el informe con gran parte de los trabajadores -explica- están equivocadas".

En el turno para cobrar, la plantilla, con 56 operarios y pesonal de oficina, ocupan el tercer lugar por detrás de las entidades financieras -en hipotecas, el montante supera los 22 millones de euros, que están considerados como los créditos privilegiados a la hora de aliviar la deuda-, y de los salarios de los propios administradores concursales.

Hasta ahora, el negocio ha estado paralizado. No se ha vendido nada, según confirman fuentes judiciales. Todas las partes tienen un temor común: ¿será posible vender los activos necesarios para dar liquidez en plena crisis del ladrillo? "Será difícil", señalan algunos de los acreedores, que proponen que los pisos que están sin comercializar se puedan convertir en protegidos previo acuerdo con la Consellería de Vivenda. "Lo cierto -añade Serafín Fernández- es hay un desfase muy grande y peligran los pagos".