Todas las directivas, de obligado cumplimiento, que la Unión Europea ha lanzado en los últimos años a propósito del agua son realmente exigentes. De ahí también las multas o las amenazas de sanciones multimillonarias conocidas hasta ahora, como la que durante meses planeó sobre la ría de Vigo o el reciente expediente a España por los 400 núcleos de población que no depuran. Que existan plantas para hacerlo tampoco es garantía al 100%. Muchas se han quedado pequeñas por el crecimiento de las ciudades o, incluso, obsoletas. Por eso, la Consellería de Medio Ambiente ha decidido reforzar la vigilancia sobre las que ya están funcionando para evitar problemas de contaminación. El departamento que dirige Manuel Vázquez va a contratar a una empresa que durante los dos próximos años se encargará de asesorar y controlar la explotación de las estaciones de aguas residuales en Galicia, con continuas tomas de pruebas para comprobar los resultados del tratamiento, que estarán a disposición de cualquier persona que consulte la página web de Augas de Galicia.

Medio Ambiente reconoce que el mantenimiento de las depuradoras es un asunto complejo. "Especialmente en el caso de que ocurran incidencias", añade. La gestión de las estaciones de tratamiento de las aguas residuales exige personal especializado que muchas veces escasea en las propias instalaciones. La compañía que se contrate tendrá esa función, cubrir las carencias y "dar un soporte técnico adecuado" a los recintos para alcanzar "los máximos rendimientos de depuración posibles en beneficio de la calidad de las aguas de los ríos y rías receptoras del vertido final".

El acuerdo, por casi 1,5 millones de euros, tendrá una duración de dos años y obligará a la firma adjudicataria a controlar la explotación de las plantas, tomar y gestionar muestras de las aguas, analizarlas, elaborar un diagnóstico de las instalaciones, trabajar como asesor técnico para un correcto funcionamiento, realizar una estimación de costes y supervisar el gasto -"de forma adicional", según el Gobierno gallego, el contrato prevé que la empresa deberá comprobar que los fondos públicos destinados a la explotación de las instalaciones se utilizan "para los fines previstos"-, integrar los resultados de los análisis en las bases de datos de Augas de Galicia y actualizarlos continuamente y, por supuesto, confeccionar los informes correspondientes por cada depuradora.

"Todas estas tareas anteriores -explican desde Medio Ambiente- son necesarias para asegurar la correcta explotación y el mantenimiento de las estaciones depuradoras de aguas residuales, permitiendo a Augas de Galicia disponer de una información permanentemente actualizada sobre el estado y el rendimiento de las instalaciones". Un paso más en la prevención de la contaminación de ríos y rías en la comunidad, y a los que el Real Decreto que legisla el tratamiento de aguas residuales urbanas reserva un cuidado especial. En función del tamaño de la depuradora, la normativa exige un mínimo anual de muestras durante un periodo de 24 horas y plasmar las conclusiones en un informe de situación sobre los vertidos.

El pliego de bases para la contratación de la compañía especializada en la gestión de las depuradoras de Galicia contempla, además, el análisis de todos los parámetros establecidos por la conocida Directiva del Agua de la UE y la detección de determinados compuestos que pueden aparecer en las aguas tratadas, lo que la legislación denomina "sustancia prioritarias", como el cadmio, el plomo, el mercurio y el níquel, para así adecuarlos al nivel exigido por Bruselas; y el diseño del conjunto de medidas que sean necesarias durante el proceso para alcanzar la reducción de la carga de esas sustancias.