El presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, da por hecho que la nueva propietaria de Audasa "hereda en todos sus términos las obligaciones del anterior" y por tanto avisa a Citi que "está obligada a ejecutar" la ampliación de Rande. Sin embargo, el portavoz nacional del Bloque y vicepresidente Anxo Quintana pone en duda que el proyecto se lleve a cabo.

También el PP cuestiona que finalmente se amplíe Rande y por eso reclama "garantías" al Gobierno gallego.

Tras confirmarse la venta de Audasa, integrada en Itínere, a Citigroup, el presidente de la Xunta se comprometió a "seguir trabajando con firmeza y sin desmayo" para que la nueva concesionaria cumpla con los compromisos adquiridos por Sacyr. Así advirtió que "no deja de hablar con el Gobierno central para lograr la ampliación de la AP-9.

En todo caso, Touriño lamentó que la autopista gallega haya terminado en manos de esta compañía norteamericana. "Queda demostrado sin lugar a dudas que la privatización en su momento de la AP-9 fue una mala operación para Galicia y para los gallegos", denunció.

Al respecto también se manifestó el conselleiro de Economía, José Ramón Fernández Antonio, que aseguró que la Xunta "vigilará" que la nueva propietaria de la AP-9 cumpla los compromisos adquiridos por Sacyr en Galicia.

Más escéptico se mostró Quintana. "Citi va a comprar sus activos, lo que dudo es que compre sus compromisos", advirtió. En su opinión, esta operación coloca a Galicia en una "situación difícil a la hora de gestionar sus infraestructuras".

El vicepresidente se mostró crítico con el hecho de que la compradora haya sido Citi, una entidad que, según recordó, tuvo que ser rescatada con fondos públicos norteamericanos. "Y ahora los gallegos no sabemos donde se van a tomar las decisiones que afectan a nuestro territorio", apuntó.

Con él coincidió el conselleiro de Innovación, Fernando Blanco, que considera que la venta de Itínere es "preocupante" y "nada positivo para la economía del país".

Por su parte, el portavoz del BNG en el Congreso, Francisco Jorquera, exigirá al Gobierno que explique en las Cortes cómo va a afectar esta operación al futuro de la AP-9.

La noticia tampoco fue celebrada por la CIG, que considera que no es "apropiado que se haga negocio con una concesión pública". "Itínere vale lo que vale porque la Administración le deja gestionar una obra pública", defendió Antolín Alcántara. Por lo tanto, en su opinión, ahora le corresponde a la Xunta y al Gobierno central "garantizar que se cumplan los compromisos".

En ese punto coincide con el secretario general de la Federación de Transportes de UGT, Emilio Bahamonde, que avisa que si existía un "compromiso real esas obras se tienen que hacer".