La Consellería de Política Territorial ha decidido poner freno a aquellos deslindes costeros impulsados por el Ministerio de Medio Ambiente cuando afecten a edificaciones que fueron construidas legalmente. Centenares de viviendas en Galicia están afectadas por la delimitación del dominio público marítimo terrestre que está acometiendo el Gobierno central. Las propiedades que se encuentren dentro de esta franja pasan a ser titularidad del Estado, incluidas las casas que en su momento fueran edificadas dentro de las normas vigentes. Para evitarlo la Xunta introducirá una enmienda en la Ley de Vivenda en la que obligará a la Administración del Estado a respetar las autorizaciones urbanísticas concedidas por la comunidad autónoma.
Es decir, los deslindes no deben afectar a las edificaciones que hayan sido construidas respentando las leyes urbanísticas de la Xunta. Es el caso de Marín, por ejemplo, cuyos vecinos llevan cinco años peleando con la Dirección General de Costas para que se reconozcan sus propiedades.
Éste es el caso más claro, ya que se ha demostrado que el núcleo afectado fue construido antes de la Ley de Costas en terrenos catalogados por la Xunta como suelo urbano.
Pero los deslindes afectan también a unos 200 vecinos del núcleo de Moaña. En cualquier caso, la Consellería de Política Territorial advierte que una vez que se apruebe la Lei de Vivenda se estudiará caso por caso ya que habrá que comprobar que las edificaciones hayan sido construidas en su momento al amparo de las normas urbanísticas en vigor.
La modificación legal que introduce la Xunta afectará a los deslindes en curso y a los que se hagan en el futuro pero no a los que ya hayan concluido.
La delimitación del dominio público se hace a raíz de la Ley de Costas aprobada en 1988 y afecta a todos aquellos terrenos que van desde la marea más baja hasta donde lleguen las olas en los mayores temporales registrados, incluidas playas, dunas, marismas o acantilados.
Después del verano el Ministerio de Medio Ambiente retomó los deslindes, lo que originó numerosas protestas de afectados. Ni el presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, ni la conselleira de Política Territorial, María José Caride, contemplaron entonces solicitar al Gobierno cambios en la Ley de Costas.
Sin embargo, en la reunión de la ponencia parlamentaria que tramita el proyecto de Lei de Vivenda se acordó ayer introducir una enmienda para blindar a los núcleos del litoral frente a los deslindes del Ministerio de Medio Ambiente. "El texto obliga a la Administración del Estado a que actúe de acuerdo con la realidad urbanística reconocida por la Xunta a la hora de aplicar los deslindes previstos en la Ley de Costas", explican en Política Territorial. Con esta modificación legal la Xunta "ratifica" sus competencias sobre la ordenación del territorio y el litoral. Los tres grupos parlamentarios apoyaron la propuesta de Política Territorial y la incorporaron a la Lei de Vivenda.
