Pasados cerca de 70 años desde el fin de la Guerra Civil, 2.000 familias de toda España, entre ellas más de 300 gallegas, reclaman el dinero que les fue confiscado hasta la posguerra por el intento del nuevo régimen de sacar fuera de la circulación la moneda emitida durante la II República. Los afectados se han unido en la Agrupación de Perjudicados por la Incautación Franquista que, desde hace cuatro años, recoge copias de todos los recibos emitidos entonces y que certificaron oficialmente el dinero que cada familia tuvo que entregar.

Ahora, el colectivo de afectados reclama el retorno actualizado de las cantidades confiscadas. Es decir, el dinero intervenido más su valorización desde el fin de la Guerra Civil. Según los cálculos de los perjudicados, una peseta de la época equivaldría hoy a cerca de tres euros. En total, la devolución a las más de 2.000 familias afectadas ascendería a 14 millones de euros.

Aunque su lucha es complicada, tienen a su favor una prueba: los recibos extendidos por el Banco de España en el momento de entregar el dinero. Esos recibos debían servir para que, pasado un tiempo, el banco canjeara las viejas pesetas republicanas por la moneda franquista. En la mayor parte de los casos, el canje nunca llegó a hacerse. La causa: los requisitos para devolver el dinero. Con un lenguaje funcionarial, el decreto franquista dictado en 1938 advertía de que el cambio se haría en función del "espíritu diligente" del solicitante. Además, su trayectoria política debería estar avalada, lo que suponía un sistema disusorio para los solicitantes del bando republicano.

Desconocimiento

Según la portavoz de la Agrupación de Perjudicados por la Incautación Franquista, Lidia Jiménez, muchos de los afectados "por desconocimiento o dejación" no reclamaron el importe de los recibos emitidos. En plena Guerra Civil, concretamente en el año 1938, el Ministerio de Hacienda del Gobierno franquista ordenó, según recogió el Boletín Oficial del Estado, la confiscación del "dinero puesto en circulación por el enemigo", es decir, el papel moneda republicano. Muy pocos lograron la vuelta de su patrimonio. En la actualidad, más de 300 familias gallegas afectadas por la confiscación del franquismo aún guardan ese recibo del dinero que nunca se les devolvió. "Es urgente porque son ya mayores y no hay tiempo", asegura Lidia Jiménez en declaraciones a Europa Press.

La confiscación llevó a la ruina a muchas familias. "Es un dinero que en la época _-afirma Jiménez- les habría permitido vivir mejor". "Todos nos dan la razón y dicen que debe devolverse ese dinero, pero nadie lo hace efectivo y con la compasión no se consigue nada", sentencia.

No es la única deuda pendiente. Las asociaciones para la Recuperación de la Memoria Histórica pedirán hoy al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón que autorice la apertura de 52 nuevas fosas comunes con restos de fusilados durante la Guerra Civil que están situadas en 17 provincias españolas, entre ellas A Coruña, Lugo y Pontevedra.