La Axencia Urbanística logra los dos primeros derribos de edificios ilegales

Los dueños de una nave industrial de Pontevedra y un chalet en Arteixo que ocupaban suelo rústico demolieron las instalaciones tras la sucesión de multas de Política Territorial

23.11.2008 | 00:00
Axencia de Protección da Legalidade Urbanística Axencia de Protección da Legalidade Urbanística

Después de muchos meses insistiendo, incluso años en uno de los casos, de "reiteradas" multas coercitivas, la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) acaba de conseguir las dos primeras demoliciones de edificios ilegales en la comunidad. Hasta ahora, las únicas ejecuciones realizadas eran de obras menores, como muros o galpones. El ente, que la Consellería de Política Territorial puso en marcha el pasado abril, certificó ya que los dueños de una nave industrial en Pontevedra y de una casa en la localidad coruñesa de Arteixo han llevado a cabo el derribo para cumplir con la orden del departamento que dirige María Xosé Caride. Las construcciones ocupaban suelo rústico no urbanizable.
Las obras, muy avanzadas, de la nave industrial en el concello de Pontevedra estaban vetadas desde el 23 de junio de 2005. Ocupaba una superficie de casi 2.900 metros cuadrados y sus propietarios estaban levatándola en terrenos clasificados como rústicos sin contar con la autorización del Gobierno gallego. Tras cumplirse el plazo establecido para la demolición en la orden emitida, Política Territorial inició el envío de sucesivas multas que, tres años y medio después han dado sus frutos, tal y como pudieron comprobar en su última visita a la zona los inspectores de la APLU.
Los inquilinos del chalet de planta baja construido en Arteixo tampoco contaban, según la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística, con el correspodiente permiso autonómico. El inmueble, de 122 metros cuadrados en suelo rústico protegido por la normativa de costas, ya estaba habitado. La orden de derribo se remonta en este caso al mes de enero y fueron necesarias también varias multas coercitivas para lograr que los dueños restituyeran la legalidad.
Ambos son ejemplos de lo complicado que para una Administración resulta la resolución de las actas de infracción urbanística. Entre 2006 y 2007, la Consellería de Política Territorial ordenó la apertura de 238 expedientes ante los indicios de que se estaba incumpliento la ley. Desde construcciones de uso residencial -la mayoría, 106-, a naves industriales (36), pasando por movimientos de tierra (14) o pequeñas instalaciones y obras como cierres de fincas. El departamento resolvió 168 en los dos ejercicios.
Desde el pasado mes de abril, las competencias de inspección urbanística pasaron a manos de la Axencia, concebida como un consorcio de la Xunta, a través de Política Territorial, con los ayuntamientos de la comunidad que "libremente" se unan por falta de medios para vigilar lo que ocurre en su territorio. De momento, son 21 los concellos que se han unido al ente. Siete de ellos ya han firmado -A Baña, Cedeira y Sada, en la provincia de A Coruña; Carballeda de Avia, Castrelo de Val y Vilardevós, en Ourense; y en Pontevedra, el de A Guarda- y está previsto que la próxima semana lo hagan otros catorce: Abengondo, Oroso, Val do Dubra, Becerreá, Castroverde, Ribeira de Piquín, Castrelo de Miño, Gomesende, Maside, Piñor, Verín, Vilamarín, Moraña y Pontecesures.
Con un especial cuidado de lo que ocurre en la zona de litoral y el medio rural, las funciones de la APLU abarcan, entre otras, la inspección y vigilancia urbanística sobre la edificación, la imposición de todas las medidas cautelares que contempla la Lei do Solo, la instrucción de los expedientes de reposición de la legalidad o los que recogen sanciones muy graves y todas las competencias de control urbanísticos que cedan los ayuntamientos que se adhieran al consorcio. La intención del Gobierno gallego es doblar el número actual de inspectores, un total de 15.

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