Que Galicia sea una gran potencia de generación de electricidad es un arma de doble filo. En el lado positivo, el negocio asociado a la actividad energética, en el que parece que la crisis no se nota; y la cara menos amable, de la mano de la contaminación. Porque es el sector que más emisiones de dióxido de carbono emite a la atmósfera y uno de los culpables de que a la comunidad se le atragante el cumplimiento de las exigencias del Protocolo de Kioto. Claro que los límites a los gases contaminantes impuestos para 2007 no han supuesto un gran problema para las empresas gallegas, que gracias a la cotización en mínimos de los derechos de emisión en el mercado europeo han podido pasar el bache sin que sus bolsillos se resientan. La factura por contaminar más de la cuenta se quedó en 6,55 millones de euros el pasado año, hasta seis veces menos que el ejercicio precedente y casi nueve por debajo de la cantidad que tuvieron que pagar en 2005. Y todo, pese a que 2007 fue el peor periodo en emisiones de CO2 en Galicia, que superó en un 40% la asignación marcada por el Ministerio de Medio Ambiente.

Pero es que también en el mercado de emisiones se marcaron récords, en este caso a la baja. Un mercado en el que las empresas que tienen derechos y finalmente emiten menos gases de los que preveían pueden venderlos y que funciona casi como un parqué bursátil. El exceso de oferta llevó a que el precio para poder lanzar una tonelada de CO2 se situara en precios ridículos, de poco más de un euro, comparados con los ejercicios precedentes, donde se llegaron a alcanzar los 22 euros por tonelada.

"Los países fueron muy generosos a la hora de dar permisos -cuenta Miguel Rodríguez, profesor de la Facultad de Empresariales de la Universidad de Vigo y coautor de un estudio sobre los efectos que la compraventa de derechos está teniendo en España-. Echaron mano de proyectos de desarrollo o acudiendo a comprar derechos fuera para cumplir con los objetivos de CO2 y al final lo que ocurrió es que hubo cierto exceso de permisos".

Con mucha distancia con el resto, Galicia fue la comunidad en 2007 con mayor déficit de derechos. La industria de la comunidad salió al mercado a comprar permisos por casi cinco millones de toneladas de dióxido de carbono. La siguiente autonomía que se quedó lejos de los requisitos impuestos por Kioto fue Asturias, con un déficit de 3,6 millones de toneladas. En ambos casos, la sequía jugó una mala pasada durante el pasado año. La producción hidráulica cayó en picado por la falta de lluvias y obligó a mantener en funcionamiento durante más horas las centrales eléctrica que las dos regiones tienen alimentadas con carbón -Meirama y As Pontes en Galicia- y que son las que más contaminan.