El uso de cebos envenenados supone “una eliminación indiscriminada” de la fauna y es una “práctica cruel”. La Fiscalía Superior de Galicia rechaza de este modo tan contundente la utilización de productos tóxicos para la caza. Por ello, desde el pasado 30 de octubre, investiga esta situación, ante el importante número de denuncias -se han detectado más de un centenar de señuelos intoxicados- y la tipificación penal de esta práctica.

En concreto, según la Consellería de Medio Ambiente hay constatados cerca de cien cebos envenenados,pero a esta cifra todavía hay que sumarle los datos registrados en atestados policiales y la “cifra negra” que este tipo de delitos suelen llevar consigo,según informó la propia Fiscalía. No obstante, lo preocupante no se queda tan sólo en la elevada cantidad de productos detectados, sino que en el 90 por ciento de los casos el producto tóxico utilizado fue la estricnina, que es una sustancia de tráfico prohibido y restringido, por lo que la institución jurídica quiere también investigar la fuente de este suministro, que puede proceder de un “tráfico ilícito” o de la existencia de depósitos anteriores a la prohibición de su utilización.

Para la Fiscalía, el uso de venenos en caza y pesca supone un ataque claro contra el medio ambiente.

Así, señala que esta práctica afecta a especies de todo tipo, entre las que se incluyen especies en peligro de extinción, amenazadas y también animales domésticos, como los perros.Todos ellos, en el caso de resultar afectados por los productos tóxicos utilizados, sufrirán una“muerte prolongada y dolorosa por sofocación y parálisis muscular”.

No obstante, los problemas que estos cebos generan en el medio ambiente no son los únicos, sino que de esta situación se pueden derivar consecuencias más graves.La Fiscalía explicó que estos productos,al entrar en la cadena alimenticia, pueden acabar repercutiendo finalmente en el consumo humano.

El Código Penal tipifica la conducta de quien “sin estar legalmente autorizado”, use para la caza o la pesca “veneno, medios explosivos” y otros instrumentos de “similar eficacia destructiva para la fauna”, pena que se agrava en el caso de que el daño causado sea de“notoria importancia”.

Por ello, la Fiscalía,a través de órdenes del Servicio de Protección de la naturaleza de la Guardia Civil, decidió abrir diligencias para elaborar un estudio sobre la transcendencia de esta práctica en Galicia.