La ampliación de puente de Rande se enfrenta a nuevos obstáculos. La razón es la inminente venta, puesto que el acuerdo se está ultimando, de la AP-9 y las autopistas integradas en el grupo Itinere a la multinacional Citigroup. El traspaso de la concesión abriría más incógnitas sobre el proyecto de aumentar de la capacidad de Rande, dado que a las dificultades actuales en las negociaciones entre Fomento y Audasa se sumaría un cambio de la propiedad. Sin embargo, desde la Xunta se mantiene que la venta de la AP-9 no influirá en los planes de ampliación, puesto que se trata de un compromiso asumido como propio por el Ministerio de Fomento que no se modificará en sus objetivos y plazos a pesar del cambio de manos de la concesión.

Construir un tercer carril en el puente de Rande para descongestionar una vía de comunicación que está al borde del colapso requiere una inversión de 200 millones de euros, coste que en su totalidad debería acometer Audasa, la empresa que explota la AP-9 y que pertenece a Itinere, la división de infraestructuras de Sacyr.

Las negociaciones, iniciadas hace un año, atraviesan por dificultades, sobre todo por la forma en que Audasa debe hacer frente a la inversión. Esta circunstancia está motivada por las pérdidas acumuladas por Sacyr, que a 30 de junio eran de 18.000 millones de euros, de ahí que pusieran en venta sus autopistas para intentar reducir su deuda.

El propio grupo Sacyr confirmó ayer que se han producido contactos con posibles inversores interesados en adquirir Itinere, aunque de momento no se cerró ningún acuerdo, según informó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

No obstante, fuentes conocedoras del proceso aseguraron a Efe de la constructora española ultima un acuerdo para vender Itinere a Citigroup por unos 2.500 millones de euros, más la deuda del grupo, que ronda los 5.000 millones.

Este movimiento en el accionariado de Itinere no preocupa a la Xunta. La Consellería de Política Territorial entiende que la ampliación del puente de Rande está garantizada aunque al explotación de la AP-9 pase a manos extranjeras. Sus razones son que el Ministerio de Fomento presionará para conseguir este objetivo en el mínimo plazo bajo el argumento de que la infraestructura soporta un tráfico al borde del colapso.