Dieciséis años no han sido suficientes para que la totalidad de los propietarios de los terrenos que hoy ocupa la Autopista del Val Miñor (AG-57) reciban su compensación económica. Un grupo importante de ellos cobraron a finales de 2006, pero Humberto Novás no formó parte de aquella oleada de pagos, en la que técnicos de la Xunta se desplazaron a los ayuntamientos de la comarca miñorana para entregar los cheques a los afectados. Tras recurrir el precio que le ofrecía el jurado de la expropiación en 1992, este vecino del municipio de Nigrán todavía espera contestación y, por supuesto, su dinero. Mientras tanto, vive una paradoja. "No he cobrado por los terrenos que ocupa la calzada, pero yo tengo que pagar peaje por pasar por encima de ellos cada vez que voy a Vigo", señala.

La situación saca de quicio en ocasiones a este hombre. "Me dan ganas de meter el coche contra las cabinas, pero los chicos que trabajan allí no tienen la culpa", admite, al tiempo que muestra las escrituras de la parcela que Autoestradas de Galicia ocupó para construir la infraestructura cuando todavía pertenecía a su suegro, que la adquirió en los años 50 como urbanizable. Y es que la finca todavía figura como suya oficialmente al no haber cobrado por ella. Así, Humberto y su familia tuvieron que abonar recientemente el impuesto de sucesiones por ella al morir el dueño inicial.

La contradicción llega en este capítulo. Mientras el jurado de la expropiación valoraba la propiedad afectada por la AG-57 en 700 pesetas por metro cuadrado y ofrecía un total de 624.400 pesetas por los 892 metros cuadrados que ahora ocupan los cuatro carriles en el lugar de "Bouzas de Arriba", en la parroquia baionesa de Santa Cristina de A Ramallosa, la Consellería de Economía e Facenda les cobró las fincas a 33 euros por metro cuadrado (´5.500 pesetas) cuando heredaron el terreno. "Parece una broma", apunta.

Contrasentido

El del impuesto de sucesiones no es el único contrasentido del caso. La familia nigranense sí percibió medio millón de pesetas en 1997 por los 186 metros cuadrados de la parcela por los que discurre un camino de servicio de la autopista. En esta ocasión, se les valoró la propiedad a 3.000 pesetas el metro, puesto que incluía árboles para la producción maderera. "Esto es un auténtico desmadre", comenta Humberto con una sonrisa desesperada.

Pese al desconcierto que le produce el proceso, no dejará su lucha. Ha remitido sendas cartas al presidente de la Xunta y a la conselleira de Política Territorial y no descarta recurrir al Valedor do Pobo, aunque "no debería ser necesario hacerlo porque esto es una cuestión que la Administración ya debería haber resuelto", recalca. De momento, su abogado le desaconseja llevar el asunto a los tribunales porque "los intereses siguen en aumento". "Al final me tendrán que pagar más de intereses que del terreno", añade. El letrado que le asesora calcula la deuda en 40.000 euros. Una cantidad que, a juicio de Novás, apenas compensará las preocupaciones de todos estos años.