El Gobierno sólo dará la nacionalidad a los nietos de emigrantes que se fueron entre 1936 y 1955

Pese a las restricciones aprobadas ayer por el Consejo de Ministros, que desoye las demandas de la Xunta y del PSdeG, los socialistas consideran que la mayoría de los descendientes de los gallegos en el exterior podrá adquirir el pasaporte

 
Decenas de personas aguardan a que la embajada española en Buenos Aires abra sus dependencias.
Decenas de personas aguardan a que la embajada española en Buenos Aires abra sus dependencias.  

R. PRIETO / A CORUÑA Sólo los hijos y nietos de los españoles que hayan emigrado entre los años 1936 y 1955 podrán lograr la nacionalidad española. Tras más de un año de espera, el Consejo de Ministros aprobó ayer el reglamento que tantas expectativas había creado en la emigración: el real decreto que desarrolla los requisitos para que los descendientes de españoles en el exterior obtengan el pasaporte. Pero el Gobierno central desoye las reclamaciones de la Xunta y del PSdeG-PSOE, que reivindicaron una reforma "sin límites" ni "restricciones" para los hijos y nietos de emigrantes que pidan la nacionalidad.
La Vicepresidencia primera, dirigida por María Teresa Fernández de la Vega, confirmó ayer a este periódico que la disposición adicional séptima de la Ley de Memoria Histórica sobre el acceso a la nacionalidad española se limitará a aquellos descendientes de emigrantes que hayan salido del país desde el inicio de la Guerra Civil hasta 1955. "No podemos olvidar que la reforma de la nacionalidad se incluye en la Ley de Memoria Histórica", justifican desde Vicepresidencia.
En lo que no ha puesto limitaciones el Ejecutivo central ha sido en el concepto de exilio, de forma que también podrán nacionalizarse los nietos de quienes hayan perdido la ciudadanía o tuvieran que haber renunciado a ella como consecuencia del exilio, pero tanto por motivos políticos como económicos.
Pese a las restricciones temporales acordadas por el Ejecutivo de Zapatero, el PSdeG-PSOE da por hecho que la mayoría de los descendientes de emigrantes gallegos se beneficiarán de la reforma, ya que se acogerán al primer punto del reglamento: los hijos de quienes fueran originariamente españoles, sin necesidad de que sus progenitores hubieran nacido en España, tal y como exigía hasta ahora la ley. En este caso, los beneficiarios serán los hijos y nietos de emigrantes que no hayan perdido la nacionalidad como consecuencia del exilio entre 1936 y 1941. "El 80% de los nietos de emigrantes gallegos van a acceder a la nacionalidad a través de esta reforma. El núcleo importante de los nietos que hoy tienen 30 ó 40 años son descendientes de emigrantes que se fueron del país entre 1936 y 1955", explica la portavoz de Emigración del PSdeG, Marisol Soneira.
A gran distancia de las estimaciones hechas por el Ministerio de Exteriores, que cifraba en 1,5 millones los posibles beneficiarios -unos 375.000 gallegos-, la Vicepresidencia calcula que tan sólo unos 500.000 descendientes de españoles residentes en el exterior -de ellos unos 125.000 de origen gallego-. Este cálculo se aproxima al hecho por la Secretaría Xeral de Emigración, que cifra en unos 150.000 gallegos los posibles beneficiarios de la reforma de la nacionalidad.
En cuanto a los requisitos que se exigirán para acreditar el origen español de los padres originariamente españoles, el Gobierno rechazó la propuesta de Exteriores de exigir a los nietos que demostrasen sus vínculos con España a través de "visitas regulares". Finalmente, bastará con acreditar a través de una partida de nacimiento el origen español de los progenitores. En el caso de los nietos de exiliados, también se admitirá la acreditación de haber sido beneficiarios de pensiones a exiliados, documentos expedidos por oficinas de refugiados o por entidades e instituciones reconocidas y vinculadas al exilio.
A partir del 27 de diciembre, día en que se cumple un año de la aprobación de la Ley de Memoria Histórica, entrará en vigor la reforma de la nacionalidad, una modificación legislativa que sólo estará operativa durante dos años, prorrogable hasta un año más si así lo avala el Gobierno.

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