El vicepresidente de la Xunta, Anxo Quintana, avanzó ayer que el Consejo Territorial se reunirá en septiembre para realizar una evaluación del coste que tendrá en cada comunidad la puesta en funcionamiento de la Ley de Dependencia, de modo que el Gobierno central cuente con estos datos antes de la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado (PGE).
El también máximo responsable del BNG denunció que el Estado "no está aportando" la financiación "necesaria" para aplicar la ley. "Es una evidencia que quedó constatada en el Consejo Territorial", aseguró el nacionalista, quien apostó por hacer una evaluación "clara y determinante" del coste de la puesta en marcha del servicio de atención a la dependencia en cada comunidad hasta 2015, "cuando estará completamente desplegado".
Ajuste
Será en ese encuentro cuando el Gobierno central y las comunidades ajusten las previsiones del número de personas dependientes con los datos comprobados por las autonomías. La ministra de Educación, Política Social y Deporte, Mercedes Cabrera, asegura que los presupuestos de este año para la Ley de Dependencia, de 871 millones de euros, se cumplirán "absolutamente" y que "garantizan la atención inmediata" a todas las personas valoradas como dependientes. Cabrera mantiene que son las propias comunidades las que están llamando la atención sobre una "disparidad" entre las cálculos y los datos reales, y apunta hacia una evaluación de la aplicación de la norma al cumplirse un año y medio de la entrada en vigor. Alguna autonomía ha reconocido un "cierto desconcierto" porque las cifras de grandes dependientes parecen ser mayores de lo previsto y, en cambio, las personas con dependencia severa son mucho menores, según Cabrera, que reconoce "distintas velocidades" en la aplicación según cada región.
