Ahora que la crisis inmobiliaria es evidente, desde las administraciones y las empresas relacionadas con el sector recetan como uno de los antídotos para superar el bache la apuesta por la vivienda protegida. Fue uno de los acuerdos en la reunión que la Xunta mantuvo el pasado miércoles con constructores y promotores de la comunidad, el mismo día en el que el Gobierno central anunció una inversión de 300 millones el próximo otoño para adquirir suelo destinado a pisos de promoción pública. Lo cierto es que hasta el momento, los inmuebles de protección han sido los niños menos mimados de la familia del ladrillo, incluidos los ayuntamientos, que reservaban un porcentaje casi anecdótico de su patrimonio municipal en terrenos a este tipo de edificación. ¿Cuánto? Pues alrededor de un 4% en el caso de los gallegos, según un estudio que acaba de realizar el Tribunal de Cuentas, con datos de 2004. Muy lejos de la media nacional, un 16,3%, y del 30% y el 40% que, en función de su tamaño, tienen que reservar con la nueva normativa del suelo en Galicia en todos los desarrollos.
Por ley se garantizará una oferta a la que en el mercado libre dio la espalda. Los números hablan por sí solos. Frente a volúmenes de 38.000, de 40.000 viviendas levantadas cada ejercicio durante los años del boom del sector en Galicia, el número de pisos con alguno de los tres posibles tipos de protección nunca superó los 4.000. En 2007, por ejemplo, se terminaron 3.774 y empezaron las obras de 3.000.
¿A qué se dedican entonces los terrenos que los concellos tienen en propiedad, con la suma de los sucesivos 10% de los aprovechamientos urbanísticos que se desarrollan y que la legislación obliga a cederles? Pues la inmensa mayoría, el 79,2%, a fines, usos y actividades de interés social. Exactamente, el 69,3% a la urbanización y la ejecución de dotaciones y sistemas generales. Desde un ambulatorio a un parque. El resto, a otros fines sociales, como la conservación y mejora del patrimonio histórico, artístico o cultural u operaciones de promoción económica. Otro 16% va para usos que no están recogidos en la normativa la Xunta y que los ayuntamientos no tienen detallados, según recoge el Tribunal de Cuentas.
Desde el sector tienen varias explicaciones para dar una respuesta a esta distribución. El suelo, para muchos ayuntamientos, ha sido durante muchos años un alivio a sus ahogadas cuentas, a la falta de otros mecanismos de financiación. Una opción, en todo caso, legal, ya que la mitad del suelo que los promotores dejan a los ayuntamientos cada vez que actúan en una zona se puede utilizar para ponerla en el mercado de la construcción. "Se monetarizaba", explica Javier Garrido, presidente de la patronal promotora de Vigo y máximo representante también de federación que las agrupa en la comunidad.
Con sólo el 3,9% de su patrimonio municipal de suelo destinado a la construcción de viviendas oficiales, los municipios gallegos están a la cola de España en reserva de terrenos para este tipo de inmuebles. Una posición que comparten con los de Cantabria y Canarias, donde el porcentaje cae hasta el 0%, y Extremadura, con un 1,3%. Por encima de los datos de la comunidad, pero sin sobrepasar la media nacional, Andalucía, donde se alcanzó el 4,5%; País Vasco, hasta el 5,2%; los municipios madrileños, con un 8,1%; y los de las Islas Baleares, que rozaron el 11%.
A partir de ahí, las grandes diferencias. Porque en el resto de autonomías, la cesión de suelo de los ayuntamientos para pisos de protección supera el 20%. Como Murcia (20,5%) y Cataluña (29,1%). En Asturias, una región con características similares en población a Galicia, se llegó al 31%. Al 31,6% entre los ayuntamientos navarros; al 34,2% en la Comunidad Valenciana; al 36,2% en Castilla y León. Ya por encima del 40%, las administraciones locales de La Rioja y Castilla-La Mancha, con un 42,7% ambas. Y en lo más alto, las de Aragón, donde se alcanzó el 44%.
A los planes municipales de urbanismo de los concellos no les quedará otro remedio que dar la vuelta a estas reservas. En toda promoción habrá que dejar hasta un 30% de espacio para viviendas de protección en el caso de los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, y el 40% en el resto de localidades. Antes de la reforma de la Lei do Solo, la obligación se ceñía únicamente al 20%. Se llegará incluso al 50% en los suelos urbanizables no delimitados. Y todos, además, son porcentajes mínimos: si hay más demanda de pisos de protección, más suelo habrá que reservar. Con todas estas medidas, el Gobierno gallego pretende conseguir que el 40% de todos los pisos que se construyan a partir de ahora sean de protección y frenar en seco el acelerón del precio del metro cuadrado.
