Galicia mantiene su rechazo al modelo de financiación tras la cumbre con Solbes

La postura es clara, "explícita", en palabras del conselleiro de Economía, Xosé Ramón Fernández Antonio. El Gobierno gallego no está dispuesto a aceptar un nuevo modelo de financiación autonómica que pase por alto el problema de la dispersión y el envejecimiento de la población, con lo que la propuesta que el vicepresidente Pedro Solbes puso ayer sobre la mesa para buscar las primeras impresiones de las comunidades no gusta en absoluto. "Es todavía ambiguo", añade el conselleiro. Como era de esperar, el también ministro de Economía se encontró en el debate del documento en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera con la negativa rotunda del responsable gallego, que, eso sí, "confía" en llegar a un acuerdo.

Ocurrió lo que se esperaba. O no. Porque el propio Fernández Antonio reconocía tras la reunión que el modelo no estaba avanzando "lo suficiente" y en función "de las expectativas que había". "Necesita más concreción para que podamos hacer una valoración positiva", asegura. Una vez más, la Xunta insiste en que Galicia tiene unos "factores de coste" a mayores en la prestación de servicios públicos básicos, especialmente la sanidad y el desarrollo de la Ley de Dependencia, como causa directa del gran número de núcleos de población repartidos por el territorio y el envejecimiento. Y su intervención en el Consejo fue en esa línea. "En la necesaria incorporación de forma explícita de estos elementos", explica el titular de Economía. De momento, la única referencia, "insuficiente", al criterio poblacional en el documento es la intención de "ponderar las variables de distribución".

Con las llamadas partidas adicionales para reforzar el Estado de Bienestar pasa un poco lo mismo. Fernández Antonio recuerda que ya en la Conferencia de Presidentes de 2005 se habló de la conveniencia de incrementarlos. "Hoy, con la Ley de Dependencia, estamos en una situación en la que necesitamos nuevos recursos", dice. "Tenemos -continúa- que pensar en los ciudadanos y en sus demandas para los servicios básicos". Que se puedan prestar "en un adecuado nivel y calidad". Con la filosofía de lo que el Gobierno gallego califica como un "principio básico". "A igualdad de esfuerzo fiscal, una calidad de servicios homogénea entre los territorios". Es "consciente" Fernández Antonio de lo que queda por delante es "un reto", con las negociaciones bilaterales que se organizarán entre el Gobierno central y las autonomías y el próximo Consejo de Política Fiscal en septiembre.

Y no es el único que lo piensa. La mayoría de las comunidades salieron con un sabor de boca muy amargo, aunque Solbes mantiene que el "largo debate" supuso "un avance" para el modelo. Sólo ve el vicepresidente el plantón rotundo de Cataluña. Habla de "posturas dispares" pero con vocación de diálogo por parte de las autonomías gobernadas por socialistas "y de todo" entre las del PP. El documento presentado es, según Pedro Solbes, una forma de "delimitar el terreno de juego" al que "habrá que añadir elementos nuevos" para "aunar el máximo de voluntades para poder aprobar todas las normas necesarias". Un mensaje directo a la Generalitat, pendiente de lo que ocurra en el Consejo Fiscal para la puesta en marcha del nuevo Estatut, el 9 de agosto. El ministro de Economía descarta una propuesta concreta de reforma de financiación antes de esa fecha.

Por eso, el conseller catalán de Economía ve "muy difícil" llegar a un acuerdo sobre el modelo. La propuesta es "muy inconcreta y genérica". Preocupa y "decepciona mucho" en el seno de la administración catalana.

Tanto el consejero de Economía de Madrid, Antonio Beteta -que calcula que las comunidades necesitan una inyección de 6.000 millones de euros-, como el de Valencia, Gerardo Camps, ambos del Partido Popular, mostraron también su disconformidad con lo perfilado hasta ahora y temen, en el caso concreto del responsable madrileño, que las diferencias "generen bloques de comunidades" enfrentadas. Crítico también el consejero de Hacienda de Extremadura, Ángel Franco, que defiende muchas de las reivindicaciones lanzadas desde Galicia, Asturias o Castilla y León, que ve "el vaso de la negociación medio vacío y la tendencia es que siga perdiendo". Sólo el vicepresidente segundo de Andalucía, José Antonio Griñán, tiene buenas palabras. El documento le parece bien "en principio" y pide que en lugar de lamentar la ambigüedad, las comunidades hagan "sus propuestas".

BNG y PP

Desde Galicia, el BNG lamentó ayer tras conocer el resultado de la reunión "la falta de voluntad negociadora" de Solbes, que, aseguran los nacionalistas, llegó a amenazar con mantener el actual sistema de financiación si no se llega a un acuerdo. Una solución "impensable", según el portavoz de Economía del Bloque en el Parlamento, Carlos Aymerich, por la "ineficacia" del modelo. El presidente de los populares gallegos cree que detrás de esta falta de avance está un presidente de la Xunta "débil" y "cuestionado" para influir ante la Administración central y reclama que "como mínimo" Galicia mantenga el porcentaje de fondos que tiene.