R. Prieto / A Coruña
Para un bar se necesita una licencia de apertura y actividad. Para una explotación ganadera, al menos en la práctica, no. En la tierra del millón de vacas, el 65% de las granjas crían terneros, cerdos, gallinas, ovejas o conejos sin licencia municipal de actividad, una situación provocada por el "vacío legal" en la gestión agroganadera y que convierte a la mayoría de las explotaciones gallegas en una actividad "incontrolada" por la Administración.
Esta carencia, según una investigación de la Fiscalía del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) encargado al Seprona y la Policía Autonómica, no es "imputable" a los propietarios, ya que la mayoría han solicitado la concesión a los ayuntamientos, en algunos casos están pendientes de ella desde hace más de una década. Por este motivo, el fiscal superior, Carlos Varela, insta a la Xunta a establecer "lo antes posible" una ley que aborde el impacto ambiental, los vertidos, los residuos y el uso y tratamiento de los purines y el estiércol.
El objetivo: que la Administración sepa dónde se ubican todas las explotaciones agrarias y, por tanto, que pueda revisar si cumplen la normativa. Precisamente la Consellería de Medio Rural ya ha remitido hace meses a los Servicios Jurídicos el borrador de un decreto que regula dónde se puede depositar el estiércol, en qué condiciones meteorológicas, qué días de la semana y qué tamaño deben tener las fosas de almacenamiento de purines .
En la presentación del informe sobre residuos agropecuarios en Galicia, que sería remitido a las Consellerías de Medio Rural y Medio Ambiente, el fiscal superior alertó de que la falta de una norma reguladora en el sector agrario provoca que las granjas sin licencia de explotación en Galicia (el 76,7% en A Coruña, el 71,9% en Lugo, el 29,6% en Ourense y el 58,6% en Pontevedra) se escapen del control de la Administración.
La concesión de estos permisos de actividad, según Carlos Varela, se retrasa por ser una actividad "complicada" y "conflictiva". Complicada, por carecer de una ley que regule la gestión y tratamiento de los residuos en el sector ganadero, que en la actualidad se rige por un código de buenas prácticas para evitar la contaminación de aguas por la actividad ganadera. Su incumplimiento no supone sanción alguna, salvo que se sea un delito ecológico. Y conflictiva, porque provoca enfrentamientos de los ganaderos con los vecinos por los vertidos de purines en las proximidades de sus viviendas.
