X. A. Taboada / Santiago

Conocer el número exacto de funcionarios municipales que hay en Galicia tendría que ser algo fácil. Pero no lo es. La razón es que la mayor parte de los ayuntamientos gallegos carece de un registro de personal -algo que resulta obligatorio por ley-, como también del catálogo de puestos de trabajo y las funciones básicas asignadas de cada uno y hasta las retribuciones complementarias que le corresponden. Éstas son algunas de las irregularidades que cometen los municipios en el capítulo de personal y que lleva al Consello de Contas a denunciar el descontrol que existe sobre las plantillas municipales y sus remuneraciones tras analizar al detalle medio centenar de ayuntamientos representativos de todos los tramos de población.

"La mayor parte de los municipios no tiene constituido el registro de personal, vulnerando así la Lei de Administración Local de Galicia", aseguran tres técnicos del Consello de Contas que firman un informe específico dentro del estudio "Presente e futuro do municipalismo galego" editado hace un mes por la Escola Galega de Administración Pública, organismo dependiente de la Consellería de Presidencia.

Al no haber siquiera un registro de personal, que es lo básico, muchos ayuntamientos incumplen en consecuencia otras obligaciones más precisas destinadas al control de sus respectivos trabajadores. "Gran parte de las entidades fiscalizadas carecen de una relación de puestos de trabajo que comprendan los puestos existentes en su organización e incluya la denominación y características esenciales de éstos, las retribuciones complementarias que les corresponden y los requisitos exigidos para su desempeño como establece la Ley reguladora de las bases del régimen local", se recoge en el informe recién publicado por la Escola Galega de Administración Pública dedicado al control externo de las corporaciones locales.

Con todas estas peculiaridades del municipalismo gallego no es de extrañar que a estos incumplimientos legales se sumen otros, según el Consello de Contas, como que un "número importante" de ayuntamientos reserve para personal laboral puestos de trabajo que deberían ser ocupados por funcionarios o que en los convenios colectivos se recoja una duración de la jornada laboral inferior a la establecida por el ordenamiento jurídico, un régimen de vacaciones y de días de libranza que no se ajusta a lo que se establece en las leyes o unas condiciones retributivas que incluyen conceptos no previstos en la legislación aplicable.

Complementos arbitrarios

Los técnicos del Consello de Contas encontraron también numerosas irregularidades en los regímenes retributivos de las plantillas municipales. Entre ellas, el hecho de que en una "cantidad importante" de ayuntamientos se aprueben incrementos salariales anuales por encima de los límites fijados con carácter general y obligatorio en las leyes de los Presupuestos del Estado o que los funcionarios reciban un plus de productividad, fijo y periódico, "sin que figure ningún acuerdo motivado del alcalde" para justificar ese complemento.

"La distribución lineal de este concepto retributivo -en referencia al plus de productividad- desnaturaliza su finalidad, ya que sólo está previsto para retribuir el especial rendimiento, la actividad extraordinaria y el interés o iniciativa con que el funcionario desarrolla su trabajo", se recoge en el informe.

Tampoco se escapan los altos cargos de las irregularidades. El Consello de Contas encuentra como incidencias más destacadas que los sueldos de los altos cargos no aparecen, como así debería ser por ley, publicados en el boletín oficial de la provincia y en el tablón de anuncios de los ayuntamientos y que en otros casos se pagan indemnizaciones por asistencia a plenos a pesar de cobrar ya un complemento por dedicación exclusiva.