Galicia vuelve a ser la comunidad con la justicia más lenta de España, algo que no ocurría desde 2003. Un informe del Consejo General del Poder Judicial revela que el año pasado los juzgados gallegos dedicaron una media de siete meses a resolver cada caso, un tiempo de respuesta sustancialmente superior a la media española, situada en cinco meses y siete días.
La tradicional lentitud de la justicia, un mal común a toda España, se agravó en el caso gallego durante 2007 después de tres años en los que Canarias y Murcia la habían superado con creces en el ranking de comunidades con los órganos más atascados del país. Las causas de esta ralentización de la justicia gallega hay que buscarlas en la importante bolsa de asuntos pendientes que lastra el funcionamiento tanto de los juzgados como del propio Tribunal Superior de Xustiza. El año pasado, de hecho, la bolsa de casos sin resolver creció en 9.000 asuntos y se situó en 144.714 procedimientos pendientes.
El otro factor determinante a la hora de explicar por qué el ritmo de trabajo en los juzgados gallegos es tan lento hay que buscarlo en la preocupante tasa de congestión, que relaciona la suma de los asuntos pendientes con los que se ingresaron ese año y el número de casos resueltos. Galicia acabó 2007 como la tercera comunidad autónoma más congestionada, por detrás sólo de Canarias y Castilla-La Mancha.
Además, cada año la litigiosidad crece en Galicia y aunque lo hace a un ritmo similar al del resto de España, la entrada constante de nuevos asuntos en los órganos judiciales obliga a jueces y magistrados a tener que resolver más casos de los que ingresan para intentar reducir el atraso y agilizar la tramitación de los procedimientos nuevos.
El TSXG, sobre todo
Con todo, la lentitud que arrastra la justicia gallega no tiene la misma gravedad en todos los juzgados ni afecta por igual a las distintas jurisdicciones. Uno de los casos más sangrantes es el del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que cerró 2007 con 21.332 asuntos en tramitación, casi el 15% de los casos pendientes en toda la comunidad. El problema en el Alto Tribunal gallego se centra desde hace años en dos de sus salas: la de lo Social y la de lo Contencioso-administrativo. En el primer caso, los magistrados tardaron como promedio en tramitar este tipo de asuntos (conflictos colectivos, despidos, conflictos con la Seguridad Social...) 17 meses y 18 días, un dato bastante preocupante pero que, a pesar de todo, mejora ligeramente el del año anterior, cuando dedicaban una media de 18 meses en resolver cada caso.
En cuanto a la Sala de lo Contencioso del TSXG, la situación es incluso peor. El año pasado todos los indicadores negativos que se utilizan para medir la salud de la justicia empeoraron en este órgano: subieron las tasas de pendencia y congestión y cayó el ritmo de las resoluciones. El resultado fue que en sólo un año el tiempo medio de respuesta en esta sala pasó de 17 meses y dos semanas a 23 meses y nueve días, un repunte que sitúa su ritmo de trabajo a niveles parecidos a los de 2003 e interrumpe la tendencia positiva de los últimos tres años.
Desde el Tribunal Superior de Xustiza atribuyen esta situación a la suspensión de los equipos de refuerzo que trabajaron en ambas salas durante años con muy buenos resultados. Además, las memorias anuales del Alto Tribunal gallego siempre llaman la atención sobre la necesidad de incrementar unas plantillas de magistrados que ya nacieron cojas y que continúan creciendo a un ritmo inferior al aconsejable.
En cuanto al resto de órganos, la situación es más heterogénea. Según el informe La Justicia dato a dato, que no recoge datos sobre todos los órganos judiciales, los juzgados mixtos, los de Primera Instancia y los de Familia tardaron en 2007 una media de seis meses y medio en resolver cada caso frente a los siete meses y 12 días de la media nacional.
Los procedimientos de tipo penal terminados en 2007 en las Audiencias Provinciales de Galicia tuvieron una duración media de nueve meses y 12 días, frente a los ocho meses y 24 días de media en el resto del país. La peor situación, con todo, se dio en los juzgados de lo Social, que dedicaron una media de seis meses y tres días a cada caso, lo que los convirtió en los segundos más lentos de España.
La planta judicial gallega se incrementó un 15% durante los últimos ocho años
La planta judicial gallega ha sufrido desde el año 2001 una evolución importante. En los últimos ocho años se han creado 42 nuevos órganos o plazas de magistrados en la comunidad, que ha pasado de tener 264 unidades judiciales a 306. Esta mayor dotación, con todo, también se corresponde con el crecimiento continuo de la litigiosidad, que en 2007 dejó en Galicia una entrada media de 1.911 asuntos por cada órgano.
También ha crecido la ratio de jueces por cada 100.000 habitante, que se sitúa ahora en 10,14. En comparación con los datos del resto de comunidades españolas, esta tasa indica que Galicia cuenta con una dotación de jueces y juzgados importante, ya que ocupa el cuarto puesto en el ranking nacional a pesar de que en 2007 sólo registró el 5,1% de las denuncias que se formulan cada año.
Otro indicador interesante a la hora de valorar si la plantilla judicial gallega es suficiente es el número de fiscales: 125 por cada 100.000 habitantes. En cuanto a los abogados ejercientes en Galicia, a 1 de enero del pasado año esta comunidad aglutinaba a casi el cinco por ciento de los colegiados en toda España.
Dos de cada diez sentencias en casos civiles fueron dictadas por jueces sustitutos
A pesar de que la presencia de jueces sustitutos en la justicia gallega se ha reducido considerablemente en los últimos años, un informe del Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial revela que en algunas jurisdicciones todavía se recurre bastante a gente no profesional -en su mayoría, abogados- para cubrir bajas o vacantes.
El año pasado el 17,5% de las sentencias emitidas en el orden civil (juzgados mixtos, de Primera Instancia y de Familia) fueron dictadas por jueces sustitutos, el segundo dato más alto de toda España solamente por detrás del País Vasco (18,6%).
Según explica el Poder Judicial en su estudio, el tipo de juez o magistrado que firma las sentencias es un indicador importante para evaluar la calidad de la justicia, ya que lo ideal es que todas las resoluciones procedan de jueces de carrera. Con todo, en el caso de Galicia parece que el orden civil es el único que recurre más de lo deseable a las listas de sustitutos, ya que en el resto de juzgados la proporción de asuntos resueltos por jueces profesionales supera con creces a la media nacional y ronda en casi todos los órdenes el 90%.
