El PP lleva el caso de la agente electoral a la Justicia para que "se sepa la verdad"

 

Insiste en que "hay indicios de delito" y que la investigación en el Parlamento fue "un paripé"

REDACCIÓN / SANTIAGO El PPdeG ha decidido llevar a los tribunales el caso de la supuesta agente electoral del PSOE, María Isabel Blanco, pues considera demostrado que buscó votos para los socialistas de Muxía en Argentina en las últimas elecciones municipales, con cargo a un contrato del sindicato Unións Agrarias que estaba subvencionado por la Xunta.
El número dos de los populares gallegos, Alfonso Rueda, anunció ayer que el lunes formalizarán su denuncia ante la Justicia y argumentó que toman esta decisión, después de que la comisión de investigación parlamentaria fuese "un paripé", y para que así "se sepa la verdad", pues en su opinión "se constataron indicios de haber cometido delitos" y "muchas irregularidades", pero "no se exigió ninguna responsabilidad sobre ningún del gobierno".
El partido en la oposición también arguye para justificar su postura que Galicia "no merece ni se puede permitir tener un gobierno bajo sospecha". En todo caso, el PP gallego advierte de que no quiere judicializar la vida política y sostiene que se ve obligado a actuar así, tras "la feria de mentiras" en que se convirtió la investigación parlamentaria.
El caso de la agente electoral es la tercera polémica que la oposición lleva a los tribunales. En 2006 se querelló contra el director xeral de Montes, Alberte Blanco, por acusar a 168 regidores del PP de "sabotaje, traición y boicot" al operativo de lucha contra el fuego de la Xunta durante la ola de incendios de este año. En 2008, denunciaron la adjudicación de las obras de la autovía de o Barbanza por presunta prevaricación.
Ahora vuelven a considerar que "es necesaria la intervención de la Justicia para saber cómo se montó esta trama de corrupción con la colaboración de miembros del Gobierno". Para el PPdeG, en el caso de la agente electoral, altos cargos públicos autonómicos y municipales del PSOE incurrieron en supuestos delitos de prevaricación, fraude y malversación de caudales públicos. Para la fuerza de la oposición no hay duda de que éste es un presunto caso de "corrupción" que "los socialistas no tenían ningún interés en seguir ventilando" y el Bloque, como socio de gobierno, actuó como "cómplice".
Los populares piden al juez la comparecencia de los testigos que ya pasaron por el Parlamento para que ahora sí "cuenten la verdad" y las vetadas por socialistas y nacionalistas.

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