Después de firmar una hipoteca a 30 años vista, pagar una cifra astronómica por 100 metros cuadrados que todavía hay que llenar de muebles, la idea de encontrarse con un piso con grietas, humedades a los pocos días de llegar, con un reparto de los espacios muy diferente a lo pactado con la promotora, roza como mínimo la estafa. Pues estas situaciones son más frecuentes de lo que parece. El 15% de las ventas de viviendas en Galicia acaban en los tribunales, según los datos que manejan los colegios de abogados y procuradores. Al año se presentan más de 2.000 denuncias en la comunidad de compradores dispuestos a que se cumpla estrictamente el contrato y las calidades del inmueble. Son cada vez más numerosas, según fuentes judiciales. Han ido creciendo poco a poco, al ritmo del boom que hasta hace unos meses se vivía en el mercado inmobiliario.

Son procesos que se siguen por la vía civil. Entre particulares. Entre el propietario de una vivienda o la comunidad de todo un bloque contra el promotor, el arquitecto... La modificación de la Ley de Ordenación de la Edificación ha cambiado los plazos. Antes se marcaban un máximo de diez años para presentar cualquier reclamación, independientemente del tipo y de contra quien se actuara. Ahora, la garantía se agota al año para los defectos de terminación o acabados de obra, tres para los vicios de habitabilidad -que afectan a la seguridad de las personas, al bienestar, insuficiente insonnorización, aislamiento defectuoso, la imposibilidad de usar chimenea si la hay, etc.- y se mantienen los diez para los defectos estructurales, que afectan a la cimentación, a los muros de carga o los que pongan en peligro la resistencia y estabilidad de los edificios. En este último caso, además, la responsabilidad es de todas y cada una de las personas que hayan intervenido en el proceso constructivo. Legalmente, es imposible acortar los plazos, aunque sí están permitidos los acuerdos para prolongarlos.

"Nos encontramos en un momento -cuenta Jesús Antonio González-Puelles, decano del Colegio de Procuradores de Vigo- en el que los dueños de las viviendas denuncian antes porque los plazos se han acortado". En lugar de esperar cinco o seis años para hacer una revisión general del estado del edificio y acudir a los juzgados para subsanar los desperfectos, la normativa obliga a ponerse las pilas.

Denuncias habituales, sí. Tanto los abogados como los procuradores coinciden en señalar el peso que tienen, cada vez más, en su carga laboral. Muchos de los conflictos por la mala construcción de las viviendas acaba sin acuerdo y no queda otro remedio que ir vía juzgado. "Sobre todo en el caso de los bloques de edificios", cuenta el responsable de un bufete de Vigo. "No son grandes deficiencias, no es que la casa se caiga, pero son pequeñas cosas que, teniendo en cuenta lo que cuesta pagar la hipoteca, los propietarios no están dispuestos a dejar pasar".

Grietas, acabados, problemas de fugas, de humedades, mala impermeabilización de las paredes, problemas con las instalaciones de agua, luz y calefacción, habitaciones o plazas de garaje más pequeñas de lo que figuraba en el plano... La clave está en una revisión a fondo de la vivienda una vez recibida. Porque, tal y como recuerdan desde la Asociación de Defensa del Propietario de Vivienda (Adeprovi), los plazos para presentar una reclamación legal comienzan en el justo momento en el que el constructor entrega el inmueble al promotor, no desde que el propietario entra en casa.

2.000 llamadas

Los datos del Instituto Galego de Consumo (IGC) confirman el incremento también de las quejas por asuntos de vivienda en Galicia por la vía administrativa. De 441 en 2006 pasaron a 519 en 2007, lo que representa un aumento del 17% y el 3,22% de todas la reclamaciones presentadas ante el organismo dependiente de la Consellería de Innovación. De dos tipos, básicamente: incumplimiento de plazos de entrega por parte de la promotora y, "las más abundantes", por los defectos en la construcción y los problemas de espacios que no se corresponden con los planos con los que se efectuó la venta del piso. Casi 2.000 personas llamaron al IGC el pasado año preguntando qué podían hacer ante una situación así.