El sector turístico gallego cometió el año pasado una media de 40 infracciones al mes relacionadas principalmente con precios abusivos, publicidad engañosa o deficiencias en alguno de los servicios que ofrecen a sus clientes. En total, los inspectores de la Dirección Xeral de Turismo levantaron 480 actas de infracción contra establecimientos de hostelería, un volumen importante de irregularidades pese a que la actividad sancionadora en este sector se redujo casi un 10% durante 2007.
La multa económica, con todo, es el último recurso y se reserva para infracciones tipificadas como graves en la normativa vigente. De hecho, de las 5.249 actas levantadas por los inspectores de Turismo en Galicia el año pasado 4.769 acabaron tan sólo en una advertencia administrativa emplazando al empresario a corregir la anomalía detectada en el plazo más corto posible. Los 480 expedientes restantes se saldaron con una multa que, en los casos más graves tipificados por la Ley de Turismo -establecimientos pillados sin la licencia pertinente, negocios que utilizan una denominación o se publicitan con una categoría diferente a la que les corresponde- oscila entre los 601 euros y los 6.001 euros.
Los establecimientos que más vulneraron la Ley de Turismo durante el año pasado fueron los de Pontevedra y A Coruña, que concentraron el 72% de las multas. Los locales pontevedreses motivaron 1.697 actas de inspección, 187 por infracciones y otros 1.510 expedientes de constatación de hechos. Le sigue de cerca A Coruña, una provincia en la que 161 establecimientos se enfrentaron el año pasado a sanciones y otros 1.453 recibieron alguna advertencia. En Ourense y Lugo, por último, los inspectores levantaron 66 actas de infracción.
El origen de la mayoría de las sanciones son denuncias de los propios usuarios, que "cada vez más", como destacan desde Turismo, recurren a la vía de la reclamación para alertar de posibles deficiencias o infracciones en establecimientos hosteleros. Se tratan, fundamentalmente, de quejas relacionadas con vulneración de reservas, problemas con paquetes turísticos, deficiencias en las dotaciones o en el trato recibido, precios y facturas, publicidad engañosa o la negativa de algunos hosteleros a facilitar hojas de reclamación.
En cuanto a las actuaciones realizadas de oficio, la inspección turística se centró fundamentalmente el año pasado en dos frentes: combatir la clandestinidad y el intrusismo, un fenómeno que afecta de forma muy especial "a las zonas de mucha densidad de establecimientos hoteleros".
