El Parlamento aprueba la ley que eleva hasta un 40% el suelo para pisos públicos

 
María José Caride. / xoÁn Álvarez
María José Caride. / xoÁn Álvarez 
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Caride defiende que con esta normativa se "suavizarán" los precios de la vivienda

REDACCIÓN / SANTIAGO El Parlamento gallego aprobó ayer la nueva Lei de Medidas Urxentes en Materia de Solo e Vivenda que permitirá incrementar en hasta un 40 por ciento la reserva de suelo para construir viviendas protegidas. La conselleira de Política Territorial, María José Caride, cree que al aumentar la dotación de pisos públicos "se suavizarán" los precios de las viviendas libres. El PP, sin embargo, votó en contra de la aprobación de esta normativa porque, en su opinión, es "intervencionista" y creará "una gran inseguridad jurídica".
Frente a las acusaciones de la oposición, la conselleira aseguró que esta modificación legislativa permitirá "incrementar el bienestar de los gallegos" y, en concreto, explicó que la ley prevé la creación de una red autonómica de suelos para pisos protegidos con el fin de favorecer el acceso a la vivienda de los sectores más desfavorecidos de la población.
También recordó que las reservas de suelo para pisos públicos se verán incrementadas del 20 al 40 por ciento en los ayuntamiento de más de 20.000 habitantes. Este porcentaje será del 30 por ciento en los municipios de menos de 20.000 habitantes, aunque podrá rebajarse si no hay demanda. Igualmente, podrán quedar exentos de cualquier reserva de suelo los concellos de menos de 5.000 habitantes.
Además, la nueva ley obligará a los promotores a "acompasar" la construcción de pisos protegidos con la edificación de la vivienda libre. Caride destacó también que esta normativa evita la "segregación" de los ciudadanos según su nivel de renta ya que introduce normas para distribuir los pisos de modo que no se creen zonas marginales.
Por contra, la diputada popular Pilar Rojo aseguró que la aprobación de esta ley "carece de sentido tres años después del cambio de Gobierno". De hecho, alertó de que esta modificación, que tildó de "intervencionista" y de "hecha de espaldas a los ayuntamientos", "desvirtúa" la actual normativa. En la misma línea, equiparó esta ley a otros proyectos aprobados por los socios de la Xunta, como la Lei de Medidas Urxentes de Protección do Litoral o las Normas do Hábitat, para concluir que el bipartito está colocando a Galicia en una "inseguridad jurídica insostenible".

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