En este sentido, el Ejecutivo respondió a Jorquera que "es jurídicamente inviable la intervención de la Administración General del Estado en el litigio", ya que "se trata de una resolución judicial" que "debe ser acatada con el máximo respeto".
Además de la revisión del caso Inespal, Jorquera pedía la "reparación moral y económica" para los 23 trabajadores despedidos como consecuencia del conflicto desencadenado por la llegada a las puertas de la factoría en la Mariña Luguesa de decenas de bidones tóxicos procedentes del buque 'Casón', que embarrancara en Fisterra (A Coruña).
Hace solo unos meses, el Parlamento gallego acordaba por unanimidad que se procedieses a la "reparación moral" de los trabajadores despedidos, que "fueron condenados al ostracismo laboral y social", según criticó el BNG.
