El secuestro del Playa de Bakio llega a la Audiencia Nacional. El juez Central de Instrucción del tribunal, Fernando Andreu, ha abierto diligencias previas para investigar lo sucedido con el barco atunero español, perpetrado por piratas en aguas de Somalia, al considerar que los autores de estos hechos podrían ser autores de un delito de piratería, según informaron fuentes jurídicas. El magistrado decidió la apertura de la causa de manera oficial el mismo día de la liberación de los 26 tripulantes del barco el pasado sábado, concretamente después de haber recibido un informe de la Policía, con la que se puso en contacto para estar informado el mismo lunes 21, horas después de conocerse el abordaje.

Este delito de piratería, según fuentes jurídicas, es competencia de la Audiencia Nacional, tal y como establece el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Para el desarrollo de esta investigación, las mismas fuentes indicaron que el juez citará a declarar a la tripulación del barco -entre ellos, los ocho marineros gallegos- así como al armador en calidad de testigos. Sin embargo, las citaciones se producirán pasado un tiempo prudencial ya que ahora mismo "la prioridad es que descansen y se recuperen".

Las diligencias abiertas contemplan la investigación del posible pago de un rescate con el que se podría haber logrado la liberación de los tripulantes. Las mismas fuentes valoraron la dificultad de dar con los autores del secuestro, no obstante, la intención sería preparar un marco jurídico en previsión de que se produzcan detenciones.

Los 26 tripulantes de esta embarcación fueron definitivamente liberados el sábado. La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, anunció en rueda de prensa la solución del conflicto y el regreso de los marineros, que permanecían secuestrados desde la noche del domingo 20, aunque eludió indicar si se pagó algún tipo de rescate para ello. De la Vega se limitó a explicar que la liberación del pesquero fue fruto "de la acción coordinada y conjunta del Gobierno con el armador del barco, y de una intensa labor diplomática". "Ello permitió crear la situación que permitiera la liberación", aseguró. "Tienen que entender que no sea más explicita -insistía De la Vega-, es cuanto puedo y debo decir". Ésa ha sido desde entonces la postura de todos los responsables del Gobierno central y el gallego.

Sin embargo, desde Somalia, varias fuentes apuntaron ya en el momento de la liberación que efectivamente hubo pago de rescate, unos 1,2 millones de dólares, alrededor de 770.000 euros.