El alcalde de Ourense, Francisco Rodríguez, anunció hoy en Santiago que el Ayuntamiento presentará un recurso de casación en el Tribunal Supremo (TS) contra la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que anula el Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) ouresano, que será revisado, mientras que los servicios jurídicos de la Xunta estudia también la presentación de un recurso.

Tras la reunión mantenida hoy con la conselleira de Política Territorial, María José Caride, el regidor ourensano aseguró que el desarrollo urbano de la ciudad "no va a sufrir ningún parón" y garantizó una "situación de normalidad".

En este sentido, avanzó que en los próximos días se elaborarán un pliego que permita adjudicar en breve una revisión del Plan General de Ordenación Municipal con el objetivo de trabajar para "garantizar el pleno y normal desarrollo de la actividad urbanística de Ourense".

Rodríguez insistió en que el PGOM, en vigor desde 2003, "era inviable técnicamente y no defendía el interés de Ourense ni de sus ciudadanos". No obstante, no aclaró si la intención del Ayuntamiento consiste en revisar el plan actual únicamente para efectuar cambios o elaborar uno nuevo. "A priori estamos pensando en aprovechar lo aprovechable del plan y revisar todas las cosas que están mal", aseveró.

Caride lanzó un mensaje de "tranquilidad para todas las inversiones en Ourense" y apostó por "resolver los problemas que se puedan derivar de la sentencia judicial" para que "la evolución de la ciudad no se vea limitada", por lo que valoró la "responsabilidad" del Ayuntamiento de recurrir la sentencia, para lo que dispone de nueve días de plazo, y comentó que la Xunta evaluará la posibilidad "de interponer o no" un recurso de casación.

Caride explicó, al respecto, que el recurso de casación permite "tener margen para resolver problemas" que presenta el PGOM, por lo que apostó por "corregir los problemas" del plan "para dar todas las garantías a los ciudadanos".

Asimismo, la conselleira anunció que "de inmediato" trabajarán en un convenio de colaboración entre ambas administraciones que permita cofinanciar el 50% de la ejecución del plan general "como ocurre en las ciudades de Galicia". "El Ayuntamiento revisará el planeamiento para que sea perfectamente legal y se resuelvan los problemas que está detectando", subrayó.

Incoherencias

El regidor municipal apuntó "incoherencias" en el documento urbanístico, tanto de carácter técnico como de ejecución, como "recalificaciones de zonas no urbanizables", viales que no debían estar y otros que no están y deberían, entre otras.

De este modo, aclaró que con el recurso, pretenden "tener un tiempo para trabajar en modificar" las incoherencias. Por ello, justificó la decisión de recurrir la sentencia del TSXG para "que permita trabajar" --en caso contrario entraría en vigor el PGOM de 1986--.

También la conselleira de Política Territorial incidió en que en la aprobación del planeamiento se registró "un problema grave de ausencia de rigor" y abogó por "evitar que entre en vigor el anterior plan". "No se puede permitir", aseveró y apostó por "atacar el problema de fondo" para que los ciudadanos "tengan total garantía sobre las inversiones".

Máximo consenso

La titular de Política Territorial apeló a buscar el "máximo consenso" para que el documento urbanístico "salga con la máxima agilidad y Ourense no vea limitadas las posibilidades de crecer". "El alcalde va a tener un esfuerzo intenso en la búsqueda de máximo consenso", apostilló.

"La Alcaldía no va a escatimar esfuerzos para conseguir el consenso", apuntó el regidor local, al tiempo que matizó que "un planeamiento trasciende más allá de un periodo de gobierno". "Estamos dispuestos a hacer todo lo necesario", reconoció al respecto de alcanzar un consenso con los partidos políticos y el sector de la construcción para contar con un documento "que permita un desarrollo tranquilo y ordenador para la ciudad".

Con todo, Rodríguez calificó de "grave" la exposición pública incorrecta del PGOM anulado, por lo que abogó porque "si de esto se derivan otras responsabilidades --penales--, alguien tendría que responder de ellas". "Si hubo alguna responsabilidad habría que dirimirla", sentenció.

Otros planes

Preguntada por situaciones similares en otros municipios, Caride recordó que "hay más recursos en otros" ayuntamientos, en los que hay documentos urbanísticos anulados por sentencia judicial, como en el caso de Carballo --que está recurrido-- y de Verín y Gondomar --con sentencia firme--.

Esa situación, según reconoció, provoca "problemas graves", por lo que insistió en que "se pongan a trabajar ya en el nuevo PGOM". Con todo, la conselleira defendió el trabajo de la Xunta que, según puntualizó, realiza "con rigor".