El presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, aseguró hoy que la posición del Ejecutivo gallego al respecto del acceso a subvenciones por parte los comercios "no está modificada" y advirtió de que "en ningún caso" entrará "en terrenos de discriminación" al respecto del uso de la lengua gallega.

Touriño respondía de esta forma en la rueda de prensa del Consello de la Xunta a la propuesta del diputado nacionalista Bieito Lobeira, que ayer presentó una iniciativa en el Parlamento para impulsar el gallego en los comercios y consideró que su uso debe valorarse como un mérito a la hora de conceder ayudas en las convocatorias que realice el Ejecutivo en este ámbito.

El jefe del Ejecutivo gallego señaló que se trata de la "iniciativa de un parlamentario" que será estudiada en su momento, aunque avanzó que la posición del Gobierno gallego "es la que hay en este momento" y sigue el criterio de que "la lengua nunca debe ser un elemento de discriminación".

"Estamos comprometidos con la lengua y seremos escrupulosos con el respeto a los derechos de los ciudadanos", enfatizó el dirigente gallego, que insistió en que se debe garantizar la igualdad de derechos en el acceso a las ayudas públicas. Así, concluyó que la Xunta seguirá trabajando para que se cumpla la ley, además de para impulsar la normalización lingüística.

En ese sentido, aprovechó para rechazar las críticas al respecto de la realización de un examen en gallego en las pruebas selectivas para el profesorado y destacó que "se está cumpliendo escrupulosamente la Ley de Función Pública", ya que prevé una prueba en gallego como forma de acreditar el conocimiento de la lengua.

JUAN CANALEJO.

Por otra parte, Touriño también fue consultado sobre si la Xunta prevé cambiar el nombre del hospital coruñés Juan Canalejo y de centros escolares que homenajean a personajes representativos o partidarios de la dictadura franquista, a lo que replicó que el Ejecutivo gallego "trabaja en esa dirección" y que no cabe duda de que "habrá una paulatina incorporación, paso a paso, para dar cumplimiento" a la Ley de Memoria Histórica.

Dicha ley establece que los escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación personal o colectiva del levantamiento militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura deberán ser retiradas de los edificios y espacios públicos, aunque matiza que la retirada no será de aplicación cuando concurran razones artísticas, arquitectónicas, o artístico-religiosas protegidas por la ley.

Las palabras del presidente gallego y líder del PSdeG anunciando que modificarán la denominación del Juan Canalejo "en los plazos establecidos en la ley" contrastan con lo afirmado por el portavoz del Grupo Socialista, Ismael Rego, quien advirtió de la dificultad en este caso porque el reconocimiento del que goza la entidad hospitalaria podría ponerse en peligro con un cambio de nombre.