Aunque llevamos mucho tiempo escuchando hablar de él, ahora está cobrando más fuerza que nunca la creación de un 'banco malo' que aglutine todos los activos tóxicos relacionados con la actividad inmobiliaria y que sería de titularidad pública.

El primer paso se daría con la aprobación de una legislación específica que regulara las sociedades que aglutinen este tipo de activos. El problema actual es que la separación sólo supone, en teoría, ver de forma más sencilla qué parte de la entidad es la más problemática y cómo separando estos activos la entidad genera resultados. Pero nada más. Filiales al 100% de los bancos suponen que a la hora de consolidar sus cuentas el agregado sea lo mismo. Por ello, se necesitaría que otras empresas, ciudadanos o entidades invirtieran. ¿Pero quién va a arriesgarse en empresas que cada día valen menos y que sólo aumentan las pérdidas?

Este es el problema. Si se quiere sacar fuera del balance, se necesita que aporten fondos públicos, los únicos dispuestos a 'rescatar' los bancos, y por tanto supondría una nueva intervención, mayor que todas las vistas anteriormente.

El modelo puede ser diverso. Por un lado se pueden crear distintas entidades, lo cual puede generar ineficiencias. ¿Por qué diez, doce o quince entidades y no sólo una si es el Estado el titular de los activos? Y especialmente complicado va a ser definir el carácter voluntario. Desde luego, los bancos podrán decidir adherirse o no, pero si hay una gran aportación de fondos públicos, la opción es posible que sea 'ahora o nunca'.

Una nueva fuente de ineficiencias

Esta puede ser una de las razones por las que Emilio Botín se ha opuesto. Aunque la posición de Banco Santander (también de BBVA) es más fuerte (España sólo ha supuesto el 9% de sus beneficios del primer trimestre) y por tanto, en teoría, con su generación de recursos propios pueden cubrir el riesgo de España, también tienen problemas propios. Así, sacrificar beneficio en mayor cuantía choca con la retribución prometida al accionista, y es que por mucho que se acelere en provisiones, el ritmo debería ser mayor y el valor de los activos inmobiliarios también reflejar que la empresa vale menos.

Es decir, si quieren hacerlo por su cuenta, sus resultados se deberían ver muy perjudicados y, por tanto, lo que valen sus acciones, algo que se está viendo reflejado en las últimas semanas en bolsa, aunque se presuma de fortaleza.

Pero no sólo eso. Los bancos malos y más inyecciones públicas crean ventajas comparativas. Si se quiere demostrar fortaleza, todas las entidades en mejor posición no aceptarán la creación de bancos malos, pero a cambio, se verán perjudicados por no recibir ayuda en condiciones favorables. Un dilema: 'hacernos los fuertes' o reconocer 'nuestras debilidades'.

¿Soluciones alternativas? Parece tarde, tras años de ayudas, rescates y financiación o garantías en condiciones muy favorables. La inercia parece abocar a que continúen las aportaciones de fondos públicos. La alternativa podría haber sido que al igual que cualquier otra empresa o ciudadano se les hubiera dejado quebrar y que desaparecieran o fueran comprados por otros bancos más fuertes. Se eligió intervenir para reordenar el sistema financiero, algo que está costando muchos millones y se puede hacer con entidades pequeñas, pero ¿y con las grandes?

Entramos en una fase que debería ser la definitiva, la reordenación está costando mucho dinero y tiempo, y las ineficiencias las están pagando los ciudadanos con bancos que apenas conceden crédito. Por todo ello, las reformas deberían ser ya definitivas y suponer que en el plazo más corto posible los bancos vuelvan a ser cercanos a las necesidades reales de los ciudadanos. La economía española lo necesita, y ya.

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