Fin de plazo para demoler los apartoteles de Samil

Los apartoteles de los números 61 y 63 de la avenida de Samil, que suman 180 viviendas repartidas en cinco bloques, tienen la piqueta encima. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha enviado una notificación al Concello en la que le da diez días para que ejecute la demolición de los edificios, afectados por una sentencia firme de la alta instancia judicial gallega dictada en 1999, –y ratificada en 2002 por el Tribunal Supremo–, que ordena el derribo por haberse construido pisos donde el Plan Xeral solo permite usos hoteleros. El plazo para ejecutar la orden vence el viernes día 12. En la urbanización hay también 325 plazas de aparcamiento distribuidas en dos sótanos, de las que 125 son propiedad del Concello. El fallo afecta a todo lo construido, con lo que también se suprimirían.

El gabinete jurídico municipal estudia la resolución para decidir los pasos a dar, según explicó el concejal de Urbanismo, José Mariño. La notificación indica que el Concello puede interponer recurso de súplica –tiene de plazo hasta el lunes 8 a las tres de la tarde, según expertos consultados por este periódico–, lo que aplazaría el proceso, aunque el edil señaló que esperará "a lo que digan los servicios jurídicos". Dejó claro, no obstante, que el gobierno local "acatará todas las sentencias y hará que todo el mundo las respete". El TSXG advierte de que impondrá multas al Concello si no se ejecuta la orden, sin perjuicio de exigir además responsabilidad penal.

El fallo judicial del Tribunal de Xustiza, emitido a raíz de un recurso del ex concejal y ex conselleiro de Sanidade Pablo Padín, dictaminó la nulidad de la licencia motivada por no ajustarse lo construido, –cinco bloques de cinco y seis plantas que suman 180 pisos–, al Plan Xeral de 1993. El nuevo PXOM mantiene los usos hoteleros, y los propietarios presentaron un proyecto de legalización en noviembre de 2008. Éste incluía una serie de obras para ajustar la urbanización a las características constructivas de apartoteles, lograr una nueva licencia, y tratar de evitar así la ejecución de la orden del TSXG. Urbanismo no ha resuelto aún el expediente.

El Tribunal Superior ya conminó años atrás al Concello a ejecutar la demolición de los bloques. En 2005 el entonces concejal de Urbanismo, José Manuel Figueroa, dio dos meses de plazo a la promotora, Casal Carreiro S.A., para que ejecutase la orden, con la advertencia de que lo haría el propio Ayuntamiento de forma subsidiaria en caso de que se incumpliese el mandato. El derribo no llegó a realizarse.

Mariño no se pronunció ayer sobre si el Concello tendría que enfrentarse a indemnizaciones. Aunque la licencia municipal fue concedida para apartoteles y se incumplió el uso, el TSXG también anuló en su dictamen el permiso concedido el Concello.