Enemigos íntimos

Hasta cuatro frentes abiertos han provocado esta semana un auténtico fuego cruzado de acusaciones, recriminaciones y desencuentros entre Puerto y Concello. El principal de todos ellos, motivado por las disputas competenciales sobre el derribo de la nave de cableros, daba el primer paso para su resolución el martes con un auto del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Vigo que ordenaba la limpieza parcial de la zona mientras no se adopte una medida firme sobre la legalidad del derribo. A este respecto el concejal de Urbanismo, José Mariño, mantenía que la demolición es "completamente ilegal y no se ajusta al Plan Especial del Puerto. No valoramos la idoneidad del proyecto que se pretende ejecutar, sólo advertimos de un incumplimiento de la normativa vigente". Además, el teniente alcalde, Santiago Domínguez, opinó que "se está utilizando el Puerto como trampolín político. No se está jugando limpio con la institución".

Por su parte, portavoz de la oposición, José Manuel Figueroa acusó al Concello de tramar "una persecución contra Corina Porro" y aludió a otros proyectos que se ejecutaron sin licencia, como el derribo de la nave de Guixar o el parking de Peinador. "Por qué unas obras tienen que pedir licencia y otras no?" y exigió "igual trato para todas las actuaciones de interés general con independencia del partido que esté detrás".

El viernes la policía portuaria paralizaba la colocación de parquímetros en la calle Cánovas del Castillo y, el domingo, el concejal de Tráfico, Xulio Calviño, acusaba a Corina Porro de impedir que empiecen a regularse los semáforos de la rotonda entre Beiramar y la calle Coruña, lo que produce "inseguridad para los peatones". "Yo no paralizo nada y estoy dispuesta a colaborar en la coordinación en este caso, como en todos." Respondía la responsable de la Autoridad Portuaria. "Hace unos días el director del Puerto tuvo una reunión con Calviño, y no se planteó nada de esto. Es un auténtico acoso".

La última de las diatribas municipales es la que afecta a la posible legalización de la Finca do Conde, un conflicto que Gobierno y oposición arrastran desde el principio de la legislatura. Prácticamente agotada la posibilidad de legalizar la finca mediante la concesión de licencias al amparo del PXOM, el Concello prevé suspender la concesión de las mismas en la zona como "primera medida para alcanzar una planificación y arreglar todo el ámbito urbanístico". Una propuesta a la que se oponen los populares, que atribuyen el anuncio a "una decisión política, firmada por la propia gerente de Urbanismo sin contar con informe alguno". Reclaman, a su vez, que desde junio del pasado año hay "un expediente concluso que permitiría legalizar la zona y adaptarla al PXOM".