AGENCIAS
En una entrevista con Efe, el doctor Luis Montes, que no deja de recibir llamadas de apoyo en su móvil desde que el viernes pasado se hiciera público el informe del Colegio de Médicos de Madrid sobre 72 casos de sedaciones a pacientes terminales en Leganés, insiste en que no se arrepiente de su actuación.
"No dudo en la buena práctica y en la asistencia prestada a los enfermos en las Urgencias del Severo Ochoa", asevera.
Montes fue destituido de su puesto de coordinador de Urgencias el 11 de marzo de 2005, junto a otros dos directivos del hospital, por el consejero de Sanidad, Manuel Lamela, tras recibir éste tres días antes dos denuncias anónimas sobre "una supuesta mala praxis en la administración de fármacos" que hablaban de eutanasia y de 400 supuestos homicidios.
Sobre el informe del Colegio de Médicos, dice que contiene "contradicciones que habría que estudiar con mucha más calma", considera que juzgar sólo con unas historias clínicas es "muy difícil" y califica de "problema serio" que no se haya hablado con ninguno de los médicos de Urgencias del hospital.
"En la parte de las definiciones del informe se admite la sedación en los comas, pero luego considera mala praxis las sedaciones en estos casos", pone como ejemplo.
El informe del Colegio de Médicos de Madrid, encargado por el titular del Juzgado número 7 de Leganés después de que Lamela denunciara a médicos del hospital a tenor de las conclusiones de otro informe elaborado por una comisión designada por el consejero, establece mala práctica médica en 34 de los 72 casos estudiados y admite, sin embargo, que no se puede afirmar que la causa directa de las 34 muertes fuese la medicación.
En opinión de Montes, la mala praxis "primero hay que probarla" y en todo caso no la considera un delito como sostiene el consejero de Justicia, Alfredo Prada.
Para Montes, lo que sí es una mala práctica es que se sacaran las historias clínicas del hospital, "porque son historias que no están paginadas, que normalmente la custodia la tiene el hospital y es un documento privado del paciente".
"Si se sacan, incluso por orden judicial, se hace una fotocopia y se compulsa. Han estado cerca de un año fuera del hospital y no sabemos si faltan episodios o si faltan hojas", advierte.
"Espero que la Justicia se pronuncie en el sentido que sea. Si hay que asumir responsabilidades, el señor Lamela no las asumirá, mientras que el doctor Montes, si tiene responsabilidad, está seguro que le van a obligar a asumirlas", dice.
En cuanto a las denuncias anónimas señala que "ya llueve menos" y recalca que "al principio las autoridades sanitarias hablaban de 400 asesinatos y ahora se han quedado en cuatro sedaciones contraindicadas".
"Estas cuatro sedaciones contraindicadas habría que verlas, porque falta hablar con los médicos, que son los que han tratado al enfermo, y con los familiares", sostiene.
Montes no considera que exista una persecución contra él. "Eso sería muy personalista. No creo que las autoridades sanitarias tengan nada contra mi".
Recuerda que una denuncia similar presentada en 2002 en otra consejería tuvo un "tratamiento diferente" y durante cuatro meses los inspectores de Sanidad hablaron con médicos, enfermeras auxiliares y trabajadores del Servicio de Urgencias y concluyeron que "en ningún momento hubo mala praxis" y "eso lo sabía el consejero Lamela", apostilla.
Con este antecedente, el doctor Montes no entiende por qué ahora no se ha actuado de la mismas forma y con la misma "cautela".
Lamela, según Montes, "se ha presentado como el bombero de la sanidad pública, apagando fuegos, y lo que ha hecho es echar botes de gasolina y los ha prendido".
Atribuye a represalias impulsadas desde la consejería que ocho profesionales que estaban en su equipo ya no estén en Urgencias y lamenta que ninguna autoridad sanitaria haya pedido su opinión.
Montes agradece el respaldo "masivo" de los trabajadores del área sanitaria nueve, a la que pertenece el hospital Severo Ochoa, y al resto de profesionales de la sanidad, así como de las plataformas de participación ciudadana, organizaciones vecinales, Consejo de Salud municipal, sindicatos de clase y PSOE e IU.