La incorporación de exconsejeros encarcelados o huidos al nuevo Govern se presenta ya como el primer punto de fricción entre el Ejecutivo de Rajoy y el que encabezará Joaquim Torra. El Gobierno advirtió ayer que adoptará medidas si Torra decide, como ya sugirió, restituir en su puesto a antiguos miembros del gabinete de Puigdemont que ahora se encuentran en prisión.

En su primera jornada de trabajo como presidente de la Generalitat, Torra no pisó el despacho de su antecesor, que se encuentra en obras. Su iniciativa más visible fue remitir una carta a Rajoy en la que pide fijar un encuentro que abra "una negociación si condiciones". Sus movimientos se orientan a conformar un Govern, en el que las responsabilidades ya están repartidas por el acuerdo entre JxCat y ERC pero al que falta poner nombres.

La composición de su Ejecutivo no quedará despejada hasta que el lunes Torra visite a los líderes independentistas encarcelados. La mayoría de ellos le ratificará sus rechazo a volver a figurar en el Gobierno catalán. Sólo los exconsejeros Jordi Turull y Josep Rull mantienen abierta esa posibilidad. Ambos decidieron ayer que sus derechos políticos "están intactos". Podrían, por ello, aceptar el cargo, aunque sus abogados se lo desaconsejan porque complicaría su situación judicial.

El diputado de JxCat Francesc de Dalmases propone que, si Turull y Rull, aceptan ser restituidos en sus cargos y no pueden salir de la prisión, tomen posesión de su cargo en la cárcel. Para bordear los impedimentos que la prisión supone para ejercer sus responsabilidad pública, el parlamentario anticipa la posibilidad de nombrar comisionados para dirigir las áreas en las que se restituya a algún exconsejero en prisión o fugado al extranjero. Los comisionados podrían asistir a las reuniones de Govern y ejercer en la práctica como titulares del departamento en ausencia del conseller oficial.

ERC, molesta con las formas de Torra por una toma de posesión oscura, rechaza la reposición de exconsejeros por considerar que designar a quienes no pueden ejercer plenamente sus cargos choca con la necesidad de un "gobierno efectivo".

Despejar las incógnitas sobre esos movimientos obliga a posponer hasta mediados de la próxima semana la toma de posesión del nuevo gabinete, en el que, previsiblemente, ejercerán como consejeros de peso Elsa Artadi por JxCat y Pere Aragonés, de ERC. Sólo con el Govern constituido, después de que todos sus miembros hayan tomado posesión, se levantará la intervención del Ejecutivo central en la Generalitat al amparo del artículo 155 de la Constitución.

Tras el Consejo de Ministros, el portavoz , Íñigo Méndez de Vigo, anticipó ayer que el Gobierno tiene un plan para actuar si Torra opta por repescar a alguno de los consejeros de Puigdemont ahora encarcelados o huidos. Es necesario un Govern "legal y viable" en Cataluña, defendió con reiteración Méndez de Vigo, y cumplir con esas condiciones "implica poder ejercer realmente las competencias" por parte de los titulares de la consejerías, algo que "factualmente no es posible" si estos se encuentran en la cárcel o en el extranjero.