El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena plantea ahora a los jueces del "land" aleman de Schleswig-Holstein que entreguen al expresidet catalán Carles Puigdemont por el delito de sedición, aunque solamente si siguen creyendo que no pueden extraditarle por rebelión al no apreciar la concurrencia del requisito de violencia.
Llarena traslada así a los jueces alemanes las mismas apreciaciones que hizo en su auto del pasado miércoles, cuando confirmó el procesamiento de 23 de los 25 imputados en el sumario y se abrió a acusar al expresident de la Generalitat por sedición (penada con hasta 15 años de cárcel) o por conspiración para la rebelión.
Pero, sobre todo, el magistrado español reclama a los jueces germanos que se centren en los hechos que figuran en los informes remitidos, no en su calificación jurídica, y que decidan, "con independencia de cuál sea el delito que constituyan estos hechos en Alemania", si serían "constitutivos de algún tipo de infracción penal en Alemania".
Que analicen, en resumen, si un intento de romper la Constitución, aun en ausencia de violencia, no sería delito en Alemania. O si un intento de segregación de un "land" no sería delictivo.
Ironía
Y aclara, con un punto de ironía, que si la violencia del "procés" hubiera tenido la intensidad suficiente como para comprometer al Estado, como así requiere la ley alemana, "seguramente los tribunales españoles no estarían en condiciones de juzgar a los gobernantes del nuevo estado que se hubiera implantado", ya que el Estado español habría capitulado debido a esa violencia efectiva para lograr la independencia.
Además, magistrado del Tribunal Supremo abre pieza separada para seguir investigando a los siete fugados, declarados en rebeldía, y que los trámites para su entrega no retrasen la apertura de juicio oral de los demás.
Llarena también remitió un escrito a las autoridades judiciales belgas en el que plantea la opción de que entregue al exconseller de Sanidad de la Generalitat Antoni Comín por delito de sedición.
