La Mesa del Parlament, que dominan los independentistas por cuatro a tres, presentará una querella contra el juez Pablo Llarena del Supremo al considerar que su negativa a excarcelar a Jordi Sànchez para asistir al Pleno de investidura que debía haberse celebrado ayer puede constituir un delito de prevaricación.
La acción judicial, cuyo sujeto sería el propio Parlament, se encontró con fuertes reticencias de los letrados de la Cámara, así como con la advertencia del Gobierno de que al presentarse en nombre de la institución, si ésta, además, la costea, se podría estar incurriendo en un delito de malversación.
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, opinó que la querella contra el magistrado "se acerca mucho a las amenazas e intentos de coacción".
Torrent
La propuesta de presentar una querella contra Llarena salió del presidente de la Cámara. Roger Torrent sopesa comparecer la semana próxima ante el comité de Derechos Humanos de la ONU, con sede en Ginebra, para defender los derechos políticos de Sànchez. El diputado preso ha denunciado su situación ante el organismo, pero éste aún no se ha pronunciado.
La acción judicial cuenta con el apoyo -desde fuera de la Mesa, donde no tiene representación- de "los comunes" de Xavier Domènech, en razón de "la deriva autoritaria del Estado y sus tribunales".
Durante la reunión, los letrados del Parlament dejaron muy claro a los soberanistas que la Cámara es una institución "plural" que debe diferenciarse de los diputados y los grupos en asuntos tales como querellarse contra un juez, que, en cualquier caso, juzgan político.
Pero, a pesar de pedir prudencia a Junts per Catalunya (JxC) y ERC, y proponerles otras vías para responder a la negativa del Supremo a excarcelar a Sànchez para someterse al escrutinio de la Cámara, no lograron mover la posición de los grupos soberanistas.
El secretario general del Parlament, Xavier Muro, y el letrado mayor, Antoni Bayona, propusieron que se consultara antes a penalistas externos, que fueran los propios grupos o diputados afectados los que se querellaran o que se planteara una queja ante el Poder Judicial.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, destacó las reticencias de los letrados sobre la querella y avisó: "si la paga", el Parlament incurriría en un delito de malversación de fondos públicos. Ciudadanos anunció que requerirá la documentación sobre la querella para comprobar si se destinan recursos públicos. Pero el PSC descartó que pueda haber malversación porque la querella se financiará con recursos propios (el servicio jurídico del Parlament).
