El expresidente de la Junta de Andalucía (2009-13) y exconsejero andaluz de Economía (2004-09), José Antonio Griñán, aseguró ayer en sede judicial que "no conoció" el programa presupuestario 31L, con cargo al que se abonaban las ayudas a los ERE fraudulentos, hasta que estalló el caso y se inició la causa judicial en 2011. Mediante ese programa la Junta repartió en una década 850 millones de euros en ayudas sociolaborales, según la acusación, de forma arbitraria y eludiendo todos los controles.
Griñán, que se enfrenta a seis años de cárcel y 30 de inhabilitación por prevaricación y malversación en la pieza política del caso, respondió a las preguntas del fiscal Anticorrupción, Manuel Fernández, durante toda la mañana y parte de la tarde, en el marco del juicio contra veintidós ex altos cargos del Gobierno andaluz.
El exmandatario se ratificó en la declaración que hizo el 9 de abril de 2015 ante el Tribunal Supremo, sin que hubiera sido preguntado sobre este extremo por la acusación pública.
A preguntas del fiscal, Griñán aseguró que en el momento de la elaboración de los anteproyectos de Presupuestos conocía lo que "importa" en un presupuesto, el gasto corriente y la inversión, añadiendo que había "multitud" de programas. Además, precisó que la partida 31L es una parte "insignificante" de los presupuestos de la Consejería de Empleo.
Sistema "inadecuado"
El expresidente andaluz aseguró que jamás se le trasladó ninguno de los informes en los que el interventor -también procesado- alertaba de que era "inadecuado" el sistema por el que se pagaban las ayudas, ni ningún escrito que requiriera su actuación como consejero de Hacienda ante las supuestas deficiencias detectadas en las ayudas.
Tampoco recibió, aseguró, el informe adicional de 2005 sobre las cuentas de 2003 de la agencia pública IDEA en el que el interventor revisó una veintena de expedientes de ayudas concedidas por la Dirección General de Trabajo y concluyó que se daban "prescindiendo absolutamente del procedimiento legalmente establecido".
