El Diari Oficial de la Generalitat de Cataluña (Dogc) ha publicado este miércoles la resolución de las normas de preinscripción y matrícula escolar en la que no se prevé la opción lingüística a través de la casilla del castellano.
La resolución de la Conselleria de Enseñanza de la Generalitat, consultada por Europa Press, es prácticamente igual a la del año anterior y no incluye ninguna casilla por la que las familias puedan decidir si quieren la escolarización de sus hijos en catalán o en castellano.
Por tanto, no se reflejan las peticiones de la Sociedad Civil Catalana (SCC) y del sindicato de docentes AMES (Acción para la Mejora de la Enseñanza Secundaria), que habían solicitado al Ejecutivo que se garantizara la elección, para aquellos padres que lo pidieran, del 25 % de horas en castellano en las aulas catalanas.
Mientras, el portavoz del PP en el Parlamento de Cataluña, Santi Rodríguez, ha registrado este miércoles una proposición de ley para cambiar la Ley de Educación Catalana 12/2009, con el objetivo de garantizar un 25 % de las horas lectivas en castellano en los centros educativos de esta comunidad.
El Ministerio de Educación ha dicho que apoya la proposición de ley. Fuentes del departamento que dirige Íñigo Méndez de Vigo han recordado que el Gobierno "no puede cambiar el modelo lingüístico de Cataluña -ni de ninguna comunidad autónoma- a través del artículo 155 de la Constitución Español".
La Ley de Educación Catalana -han apuntado- solo puede ser modificada a través de otra norma que se apruebe por el Parlamento catalán.
Las mismas fuentes del Ministerio han recordado que una reciente sentencia del Tribunal Constitucional (TC) declara inconstitucional la disposición adicional 38 de la Lomce, a través de la cual, precisamente, Educación trataba de garantizar la opción del castellano como lengua vehicular.
"El Gobierno respeta y acata esa sentencia, y por lo tanto, la forma que tiene de seguir actuando es trabajar para que esa proposición de ley presentada esta mañana por el PP catalán salga adelante y se modifique el actual ordenamiento educativo en Cataluña", han insistido.
"Un Gobierno responsable cumple las leyes y no puede saltárselas. Tiene la obligación de respetar el actual ordenamiento legal en materia educativa que rige en Cataluña y en cualquier comunidad autónoma", han añadido.
