Cataluña perdió 31.400 millones en depósitos bancarios durante el período más crítico del proceso independentista, en el último trimestre del año pasado, y se coloca, con diferencia, a la cabeza de las comunidades autónomas que vieron menguar los fondos de las entidades.
En las semanas posteriores a la consulta ilegal del primero de octubre, al traslado de sedes empresariales fuera de Cataluña se sumó la retirada de fondos bancarios y su traslado fuera de la comunidad, unos movimientos sobre los que solo había estimaciones parciales. Ahora un informe del Banco de España cuantifica la pérdida en 31.399 millones de euros, el 17 por ciento de los depósitos en entidades de crédito, muy por encima de Baleares, que con un 3,2 por ciento fue la segunda comunidad donde más se contrajo el dinero en los bancos. En el trimestre anterior, Cataluña perdió otros 4.931 millones de euros.
Durante la presentación ayer de las previsiones económicas de la entidad, el director general de Economía y Estadística del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, explicó que "en el cuarto trimestre del año se produjo incertidumbre en Cataluña, pero fue algo menor que en el peor de los escenarios que habíamos proyectado en la anterior simulación". Hernández de Cos anticipa que Cataluña crecerá en los próximos meses por debajo de la media nacional.
En otro frente económico, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, defendió ayer en el Senado que su departamento mantuviera un control estricto sobre los pagos que realizó la Generalitat en los meses del proceso soberanista a fin de impedir el desvío de fondos públicos a las actividades del independentismo. Montoro replicó así en el Senado al portavoz del PDeCAT, Josep Lluís Cleries, quien acusó al ministro de "macartismo" porque "no fiscalizan contratos y facturas, sino a personas". Montoro sostuvo que se trata de verificar el destino del dinero público, en especial los expedientes de contratación y las subvenciones, para evitar una vulneración de la legalidad o las decisiones judiciales contra el referéndum del 1-O.
Investigación judicial
Pablo Llarena, el juez del Tribunal Supremo que instruye la causa sobre el proceso soberanista, solicitó a la Guardia Civil la aportación de documentos y demás elementos objetivos sobre el que se sustenta un informe relativo a los gastos públicos desviados a la celebración del referéndum del 1-O. Con estas investigaciones complementarias, el magistrado del Supremo trata de acreditar el posible delito de malversación en el que habrían incurrido algunos de los líderes del independentismo incursos en la causa que instruye.
