La Fiscalía hizo ayer dos peticiones al juez Llarena del Supremo, que instruye la causa contra los rectores del "procés". Las dos relacionadas con el viaje de Carles Puigdemont y Meritxell Serret a Ginebra (Suiza) de este domingo. Por un lado, el ministerio público quiere que se estudie la "viabilidad" de su detención y posterior extradición a España; por el otro, que el juez "limite la validez" del pasaporte de los cinco fugados (Puigdemont, Serret, Lluís Puig, Toni Comín, Clara Ponsatí y Anna Gabriel).

A Exteriores, el fiscal le pide que informe sobre las gestiones de Puigdemont y Serret ante los representantes diplomáticos de España en Suiza para su participación en el Festival de Cine de Derechos Humanos y en un acto del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Y a la Oficina de Cooperación Internacional del Ministerio del Interior, que en colaboración con Interpol contacte con las autoridades helvéticas a fin de determinar la viabilidad del arresto de Puigdemont y Serret.

Además, quiere que el Supremo limite la validez del pasaporte de Puigdemont y los otros cinco fugados a Bélgica y Suiza.

Precisamente ayer, la Sala de lo Penal del alto tribunal desestimó ayer los recursos de apelación presentados por Oriol Junqueras y Jordi Sànchez a los autos con los que Llarena rechazó excarcelarles a finales de enero para que pudieran asistir al Pleno de constitución del Parlament.

Y, mientras tanto, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, rechazó sendas solicitudes de dos catalanes que le pedían que, de forma cautelar, suspendiera los requisitos que el Constitucional fijó el 27 de enero para una eventual investidura de Puigdemont tres días después. A saber, que se personara en la Cámara y obtuviera el permiso del juez Llarena.

El tribunal europeo solo adopta medidas cautelares, en contadas ocasiones, en casos de extradiciones o expulsiones, y cuando juzga que el daño, si no interviene, puede ser irreparable. Jordi Sànchez también recurrió a la corte de Estrasburgo.