Fiel a su ideario insumiso, la CUP truncó ayer el plan del expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, de hacer investir a Jordi Sànchez, quien ya tenía muy difícil salir de prisión para acudir al Parlament. Ante una eventual investidura de quien ocupaba el "número dos" de la candidatura de Junts per Catalunya (JxC), los cuatro cruciales diputados anticapitalistas se abstendrán.

La decisión de los "cuperos" tiene graves consecuencias para la mayoría soberanista, pues, de poder asistir al pleno de la Cámara autonómica, Sànchez no saldría investido. Los 66 diputados que reúnen entre JxC y ERC se quedarían en 64, porque ni Carles Puigdemont ni el republicano Toni Comín pueden delegar el voto, y enfrente tendrían los 36 de Ciudadanos, los 17 del Partido Socialista de Cataluña, los 8 de los "comunes" y los 4 del Partido Popular catalán (en total, 65), que ya han anunciado que votarían en contra.

Hasta ahora, el magistrado Pablo Llarena del Tribunal Supremo, que instruye la causa contra los rectores del "procés", ha permitido delegar el voto a Oriol Junqueras (ERC) y al propio Sànchez porque cumplen prisión preventiva, pero no a los fugados a Bruselas.

Correr la lista

La solución es que Puigdemont y Comín renuncien al acta y dejen correr la lista, como ya hicieron semanas atrás los otros tres huidos, que también obtuvieron escaño el 21 de diciembre: Lluís Puig y Clara Ponsatí, de JxC, y Meritxell Serret, de ERC.

La CUP había reunido ayer a su consejo político. Al término del encuentro, el diputado en el Parlament Vidal Aragonés justificó el rechazo de su formación al acuerdo que hasta ayer negociaban JxC y ERC -que incluía el plan para investir a Sànchez y la creación de tres órganos paralelos en Bélgica pilotados por Puigdemont- porque "supone una sumisión total a la legalidad española".

Es más: ese pacto, según el diputado "cupero", se basa en "autonomismo y medidas que no superan el sufrimiento de las clases populares". Y continuó la arenga: "Desde la CUP decimos: ni 155, ni 135, ni autonomismo".

Aragonés advirtió que su partido no negociará más con las otras dos fuerzas soberanistas si siguen planteando políticas que sostengan "la legalidad del Estado", en lugar de hacer efectiva la república declarada el pasado 27 de octubre. Eso sí, en referencia a la candidatura del encarcelado Jordi Sànchez, el diputado se esforzó en aclarar que el problema no es de nombres ni personas, sino de proyecto político.

Y defendió el derecho del expresident Carles Puigdemont y de Toni Comín a conservar sus actas y delegar el voto, porque, en su opinión, quien cree que no puede delegar el voto está obedeciendo un marco autonómico y a la legalidad del Estado.

Antes del varapalo, ERC había retirado el veto del viernes a la candidatura del "dos" de JxC. Eso sí, el portavoz republicano, Sergi Sabrià, puso como condición que el acuerdo para proponer a Sànchez fuese "a tres bandas", con el beneplácito que la CUP ya había empezado a negarle.